El paro minero en Boyacá completa tres días marcados por movilizaciones, bloqueos y el estancamiento de los diálogos con el Gobierno nacional. La protesta, liderada por pequeños y medianos productores de carbón, ha desencadenado una profunda crisis regional que ya deja una víctima mortal, graves afectaciones en la movilidad y millonarias pérdidas económicas.
La emergencia humanitaria tuvo su primer desenlace fatal el martes 5 de agosto, cuando César Burgos, un ciudadano que se desplazaba por una de las rutas alternas habilitadas para sortear los bloqueos, sufrió un infarto. La atención médica no logró llegar a tiempo debido a los cierres, lo que impidió su traslado oportuno a un centro asistencial. Según confirmó el alcalde del municipio, Richard Bernal, en entrevista con La FM, la víctima presentó una afección cardíaca que no pudo ser atendida con celeridad. El hecho generó una ola de críticas y renovó los llamados a establecer corredores humanitarios.
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Millonarias perdidas deja el paro minero
De acuerdo con estimaciones preliminares de la Cámara de Comercio de Tunja, las pérdidas económicas por el paro superan ya los 20.000 millones de pesos, afectando principalmente al sector transporte, comercio local, hotelería y agroindustria. Las empresas de carga han reportado que al menos 300 vehículos se encuentran detenidos en distintos puntos del departamento.
Además, la crisis provocó la cancelación de eventos importantes como la quinta etapa de la Vuelta a Colombia 2025, en medio de tensiones logísticas y de seguridad.
¿Y el diálogo con el Gobierno?
Hasta el momento, no se han logrado avances sustanciales en la mesa de negociación entre los voceros mineros y los delegados del Gobierno nacional. Aunque el Ejecutivo ha mostrado disposición al diálogo, los líderes del paro señalan que no han recibido respuestas claras a los diez puntos presentados, entre ellos la eliminación del IVA sobre el carbón, garantías laborales y regulación ambiental proporcional para pequeños productores.
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“Los mineros no estamos en contra del medioambiente, pero las normas están diseñadas como si fuéramos grandes multinacionales. Nos están llevando a la quiebra”, dijo uno de los voceros durante una manifestación en Samacá.
El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, ha pedido públicamente a los manifestantes que habiliten pasos intermitentes para permitir el tránsito de ambulancias, insumos médicos y alimentos. Sin embargo, hasta ahora no se ha autorizado ningún corredor humanitario, lo que agudiza la tensión con las autoridades locales y la ciudadanía afectada.
El paro, que inició el pasado lunes 4 de agosto, se mantiene con bloqueos en varios municipios como Samacá, Paipa, Ventaquemada, Sogamoso, Ubaté y Tuta, generando caos en la movilidad regional. Mientras tanto, crece la presión social por una pronta solución que permita reactivar la economía sin desatender las legítimas demandas del sector minero.
