Tras el escalofriante hallazgo de una fosa común con los cuerpos de ocho líderes sociales y religiosos en zona rural del municipio de Calamar, Guaviare, el presidente Gustavo Petro reaccionó con contundencia a través de su cuenta oficial en la red social X (antes Twitter). El mandatario expresó su “más profundo rechazo” ante este crimen que ha conmocionado al país y exigió medidas inmediatas para garantizar la protección de los líderes comunitarios.
La masacre, atribuida al frente 'Armando Ríos' de las disidencias de las FARC, habría sido motivada por disputas territoriales y sospechas infundadas de una supuesta conformación de una célula del ELN en la región. Las víctimas, que estaban desaparecidas desde abril, fueron identificadas por sus familias como Jesús Valero, Carlos Valero, Marivel Silva, Isaid Gómez, Maryuri Hernández, Óscar Hernández, James Caicedo y Nixon Peñaloza Chacón.
Rechazo firme y llamado urgente
En un extenso y emotivo mensaje, el presidente Petro afirmó:
"Expreso mi más profundo rechazo ante el atroz hallazgo de ocho líderes religiosos y sociales... Todo indica que fueron secuestrados y asesinados en medio de disputas territoriales por parte de grupos armados ilegales."
El jefe de Estado calificó los hechos como una “grave afrenta al derecho a la vida, a la libertad religiosa y al trabajo espiritual y comunitario”, y envió un mensaje de solidaridad a las familias de las víctimas, así como a las comunidades de fe afectadas por esta tragedia.
Compromiso con la paz y la seguridad
El presidente Petro aprovechó su pronunciamiento para reafirmar su compromiso con la defensa de la vida, la libertad de cultos y la paz como pilares fundamentales de su gobierno.
“Es deber del Estado garantizar su seguridad y asegurar que estos crímenes no se repitan ni queden impunes”, subrayó el mandatario.
Asimismo, hizo un llamado a todas las instituciones del Estado para “redoblar esfuerzos” en la protección de líderes sociales y religiosos, especialmente en territorios históricamente afectados por el conflicto armado y la presencia de grupos ilegales.
Respuesta del Gobierno y nuevas medidas
Fuentes del Ministerio del Interior confirmaron que, tras el mensaje presidencial, se ha convocado un consejo de seguridad extraordinario para evaluar la situación de riesgo en Guaviare y otras regiones con presencia de disidencias armadas. Se contempla la implementación de un nuevo esquema de protección colectiva para líderes comunitarios y religiosos, así como el despliegue de más unidades del Ejército Nacional y la Policía en puntos críticos.
Adicionalmente, la Fiscalía General de la Nación continúa con las investigaciones para determinar responsabilidades directas en este crimen, mientras que equipos forenses trabajan en la identificación final de los cuerpos y la entrega a sus familias.
Reacciones desde la sociedad civil
Organizaciones defensoras de derechos humanos y entidades religiosas han respaldado el pronunciamiento del presidente Petro, y han exigido que se pase del discurso a la acción. “Celebramos el mensaje presidencial, pero es urgente que se traduzca en políticas concretas de protección para quienes lideran procesos comunitarios desde la fe y desde el territorio”, afirmó Diana Guzmán, vocera de la ONG Justicia Viva.
Por su parte, la Conferencia Episcopal de Colombia expresó su dolor y solidaridad con las familias de los asesinados, y llamó a un “diálogo nacional” para frenar la violencia contra los líderes religiosos.
Un país que aún lucha por la paz
Este crimen múltiple pone de relieve los enormes desafíos que enfrenta Colombia en su camino hacia la paz total. A pesar de los esfuerzos del Gobierno para entablar diálogos con grupos armados y reducir la violencia, los hechos en Guaviare reflejan la persistente amenaza que representan las disidencias de las FARC en zonas estratégicas para las economías ilegales.
El presidente Petro cerró su mensaje con un llamado a la esperanza y a la acción colectiva:
“Que su ejemplo nos impulse a seguir construyendo un país justo, en el que creer, vivir y liderar en paz sea un derecho para todos y todas.”
Mientras avanza la investigación y se fortalece la presencia del Estado en la región, el país sigue exigiendo justicia, verdad y garantías de no repetición para evitar que estos crímenes queden en la impunidad.
