Una controversia judicial que involucra directamente al presidente Gustavo Petro volvió a poner en debate los límites del discurso oficial. El Juzgado 24 Administrativo de Bogotá ratificó una orden que obliga al jefe de Estado a retractarse y ofrecer disculpas públicas al exgerente de Coosalud, Jaime Miguel González Montaño, luego de determinar que declaraciones realizadas en una alocución presidencial afectaron sus derechos al buen nombre y a la honra.
El fallo quedó en firme después de que el despacho rechazara la solicitud de nulidad presentada por la Presidencia de la República, con la que se buscaba dejar sin efecto la orden inicial.
El origen del litigio se remonta al 15 de julio, cuando el presidente Petro, durante una intervención pública, afirmó que en la EPS Coosalud “se robaron la plata” y responsabilizó al entonces gerente de la entidad, a quien calificó como “bandido”. Para el juzgado, dichas expresiones no solo carecieron de respaldo judicial, sino que fueron emitidas desde una posición de poder institucional.
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En su análisis, el despacho sostuvo que el lenguaje utilizado por el mandatario tuvo un impacto directo en la reputación del exdirectivo y excedió los márgenes de la crítica política permitida.
Retractación deberá hacerse en X y en alocución oficial
Como medida de reparación, el juzgado ordenó que el presidente se retracte y pida disculpas públicas a González Montaño en un plazo de cinco días. La decisión especifica que las excusas deberán difundirse tanto en la red social X como en una alocución presidencial, garantizando así un alcance similar al de las declaraciones iniciales.
Adicionalmente, el fallo establece que el mandatario deberá abstenerse de realizar nuevas manifestaciones públicas contra el exgerente de Coosalud, ya sea a título personal o a través de los canales oficiales de la Presidencia, que puedan vulnerar sus derechos fundamentales.
La postura del presidente frente al fallo
Tras conocerse la primera orden judicial, el presidente Petro reaccionó públicamente y aseguró que no tenía motivos para retractarse. En un mensaje publicado en X, sostuvo que las irregularidades en la EPS Coosalud deben ser investigadas por la justicia penal y defendió la necesidad de esclarecer el manejo de recursos públicos.
En ese pronunciamiento, el mandatario afirmó que un banco habría tomado 221.000 millones de pesos del erario, recursos transferidos por el Gobierno para la atención en salud de los afiliados, los cuales, según indicó, habrían sido utilizados como garantía de manera irregular por el gerente de la entidad.
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El presidente también manifestó su intención de solicitar que el Estado sea reconocido como víctima dentro de los procesos penales que se adelanten por este caso. Asimismo, anunció que pedirá a la Agencia Jurídica del Estado asumir la defensa del interés público y de los afiliados de Coosalud.
Pese a estas afirmaciones, el juzgado dejó claro que la existencia de investigaciones en curso no habilita a realizar señalamientos personales sin respaldo judicial, razón por la cual la orden de retractación se mantiene vigente.
