El presidente Gustavo Petro se pronunció sobre el caso del secuestro del niño Lyan Hortúa, de 11 años, en Jamundí, Valle del Cauca, cuya liberación se dio recientemente tras el pago de una millonaria suma. El mandatario criticó fuertemente a los presuntos responsables del rapto, asegurando que su accionar evidencia una “lógica típica de los narcotraficantes”.
“El niño Lyan no tiene la culpa. Como niño debe ser respetado. Los secuestradores, posiblemente del EMC [Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc], solo mostraron que están en la lógica típica de los narcotraficantes. Sin embargo, si algo hay que proteger son los derechos del niño, que hoy está libre, sano y salvo”, escribió Petro a través de su cuenta en X (antes Twitter).
La reacción del jefe de Estado surge luego de que se confirmara que la liberación del menor no fue resultado de una operación de las autoridades, sino del pago de más de 4.000 millones de pesos por parte de su familia a la estructura ilegal que lo mantenía en cautiverio.
Además, en las últimas horas se conoció el asesinato del primo del padrastro del menor, quien habría sido el encargado de entregar el dinero para garantizar la libertad de Lyan. Este crimen ha aumentado el repudio en la opinión pública y ha generado fuertes cuestionamientos a la capacidad del Estado para enfrentar este tipo de delitos.
La indignación ciudadana no tardó en reflejarse en redes sociales. “Devuélvanle la plata a la familia que tuvo que pagar por el secuestro, todo por la ineficacia del gobierno”, escribió un usuario en X. Otros criticaron la demora en el pronunciamiento presidencial: “Aureliano fue más rápido con los trinos, después de lo que se supo de la familia del menor (…) que con algún trino para condenar el secuestro tras el suceso”, señaló otro internauta.
La presión sobre el Gobierno ha aumentado no solo por el alto perfil del caso, sino por los indicios de que el secuestro estaría ligado a disputas entre narcotraficantes por millonarias deudas, en una zona golpeada históricamente por el conflicto armado y la presencia de actores armados ilegales.
Si bien el presidente Petro ha sido enfático en rechazar el secuestro y subrayar la importancia de proteger a la infancia, los cuestionamientos no cesan. Varios sectores de la oposición han aprovechado la coyuntura para pedir resultados concretos. La senadora María Fernanda Cabal, una de las voces más críticas del Gobierno, incluso sugirió que el presidente debería someterse a exámenes psiquiátricos y toxicológicos tras su discurso en Barranquilla, donde habló del caso.
Este hecho ocurre mientras el Gobierno avanza en intentos de negociación con varios grupos armados ilegales, incluyendo estructuras disidentes como el EMC, lo que genera dudas sobre la viabilidad de una paz total cuando persisten prácticas como el secuestro extorsivo.
Por ahora, el niño Lyan Hortúa se encuentra con su familia, pero las heridas emocionales y el debate sobre el papel del Estado en su protección siguen abiertos. El país continúa esperando resultados frente al accionar de estos grupos y medidas concretas para garantizar que hechos como este no se repitan.
