En la mañana de este sábado el presidente Gustavo Petro se refirió al fallo del Consejo de Estado, que tumbó un decreto que, desde enero, le daba facultades al primer mandatario para regular las tarifas de los servicios públicos.
"Mi gobierno respetará, como es lo básico en un estado de derecho , la decisión del magistrado Serrato de suspender mis funciones constitucionales respecto a los servicios públicos. Sin embargo, utilizaremos todos los recursos jurídicos que dispongamos ante el Consejo de Estado", señaló en Twitter.
Cabe recordar que el alto tribunal decidió suspender de manera provisional el decreto 0227 de febrero, con el cual el presidente Gustavo Petro asumió las facultades regulatorias de los servicios públicos, entre las cuales se definían los precios de los mismos. Lo anterior, se realizó bajo la figura de medida cautelar de urgencia.
"Se decreta la medida cautelar de urgencia de suspensión provisional de los efectos jurídicos del decreto 227 de 16 de febrero de 2023, acto administrativo suscrito por el Presidente de la República, por los ministros: de Hacienda y Crédito Público, de Minas y Energía, y de Vivienda Ciudad y Territorio, y por el Director del Departamento Administrativo de Planeación Nacional, de conformidad con las razones expuestas en el presente proveído", se lee en el documento que determina la decisión.
A tal desenlace llegó al Consejo de Estado luego de una medida cautelar solicitada por Julián David Solorza y Lucas Arboleda Henao, quienes sustentaron tal solicitud por presuntamente haberse expedido de manera irregular. Esta se suma como una segunda decisión, la primera fue hace menos de una semana, donde el Consejo decidió suspender provisionalmente el mandato presidencial que restringía celebración de contratos de prestación de servicios con entidades estatales.
Para Solorza y Martínez el decreto debió dar a conocer a los asociados en por lo menos 15 días calendario de anticipación el proyecto de regulación que sirvió de sustento al acto administrativo. Además, aseguraron que el documento estaba viciado de nulidad.
“En la medida en que no le estaba dado al primer mandatario de la Nación asumir funciones asignadas por la Constitución Política al poder legislativo; por haberse expedido sin competencia, por cuanto el régimen tarifario de los servicios públicos domiciliarios está sometido a reserva legal; por haberse expedido con falsa motivación, por cuanto se desconoció que, en materia de regulación de los servicios públicos, el Constituyente consagró competencias específicas al Presidente y a otras a autoridades, previa habilitación expresa por parte del Congreso de la República, y por haberse expedido con infracción de las normas superiores en que debía fundarse”, se lee en el texto presentado por el Consejo ante la decisión.
