Fernando Carrillo Flórez escogió al Delegado para la Defensa de los Derechos humanos como el coordinador de las acciones de las que es responsable el Ministerio Público con el fin de cumplir con sentencia de la Corte Suprema de Justicia, respondiendo al derecho de la protesta pacífica en el país.
El procurador general de la Nación le hizo saber al presidente Iván Duque que el delegado Carlos Medina Ramírez será el funcionario especial por parte de la Procuraduría para estar presente en las instancias que el Gobierno nacional pida para la realización del: “Estatuto de reacción, uso, verificación de la fuerza legítima del Estado y protección del derecho a la protesta pacífica ciudadana”.
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El jefe del Ministerio Publicó indicó que la entidad estará atenta a la convocatoria que lleve a cabo el Gobierno en los términos establecidos por el fallo de la Corte Suprema.
Con la Resolución 394 del 24 de septiembre, Carrillo Flórez también autorizo al delegado determinar las acciones pertinentes a la articulación interna e interinstitucional para la expedición del protocolo, los planes de acción y los cambios ordenados por la sala civil del alto tribunal.
Entre las ordenes se encuentra la creación de un protocolo de acciones preventivas, durante y posterior a las marchas que se lleven a cabo en el país.
De acuerdo a las exigencias de la Corte, dicho protocolo tendría que llamarse “Estatuto de reacción, uso, verificación de la fuerza legítima del Estado, y protección del derecho a la protesta pacífica ciudadana”.
El protocolo deberá presentar en las acciones preventivas la capacitación de la Policía y el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) en Derechos Humanos y con entrenamiento en el uso de armas letales y no letales.
Asimismo, deben establecerse los límites para el control de los disturbios, “el entrenamiento que reciben no debe estar dirigido a derrotar al enemigo”.
