El Decreto 3004 de 2013 y la Resolución 90341 de 2014, que establecieron los criterios y procedimientos para la exploración y explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales, entre ellos el fracking, son los que la Procuraduría solicitó anular.
El Ministerio Público le pidió al Consejo de Estado abolir dichas normas alegando que no son compatibles con los principios de precaución y desarrollo sostenible previstos en la Constitución de Colombia.
La Procuraduría resaltó que la practica del fracking no solo causa daño al medio ambiente, específicamente en las aguas subterráneas y superficiales, sino también pone en riesgo la salud del ser humano.
“Considera el Ministerio Público que teniendo abundante evidencia científica e información con múltiples aristas de los riesgos y daños irreversibles al recurso hídrico y, en general, al medio ambiente que pueda verse comprometido con la práctica de la exploración y explotación de yacimientos no convencionales, es claro que las normas demandadas permiten desarrollar una actividad que puede traer graves e irreversibles consecuencias para la salud del ser humano", señaló la Procuraduría
El ente añadió que esa práctica además causa daño a las aguas subterráneas y superficiales y, "por consiguiente los ecosistemas que dependan de éstas, razón por la cual la práctica que pretende implementarse no es compatible con el principio de desarrollo sostenible previsto en la Constitución Política”.
El Ministerio Público recalcó que de presentarse el daño, resultaría irreversible, teniendo en cuenta que Colombia no cuenta con una línea base confiable de información ambiental e hidrológica, ni capacidad de monitoreo y control para ello, ni acceso a la información ambiental, geológica, geofísica, geoquímica y sísmica.
Al rendir concepto ante la Sección Tercera del Consejo de Estado, la Procuraduría pidió aplicar el principio de precaución teniendo en cuenta que existe peligro de daño al medio ambiente, el aumento de la actividad sísmica en los lugares donde se desarrolla la práctica, y un potencial daño a la salud del ser humano.
Según la Procuraduría en caso de contaminación hídrica, esta repercutiría en daños irreversibles a los ecosistemas, fauna y flora del país, sin descartar el potencial daño a la salud del ser humano, no solo de quienes laboran y se exponen a las sustancias que hacen parte del proceso de fracking, sino de quienes viven cerca a los lugares donde se desarrolla la práctica.
"En la medida en que con la expedición de las normas objeto de este medio de control se ignoraron estos trascendentales principios, se considera que deben declararse nulas, por infringir las normas en las que han debido fundarse”, finalizó la Procuraduría.
