La pandemia de COVID-19 no suspende las obligaciones que tienen los Estados de proteger a las mujeres y niñas, afirma Selene Soto, abogada de Women´s Link, una organización sin ánimo de lucro.
La entidad que defiende los derechos de las mujeres ha registrado por 15 años las violencias y maltratos que sufren en América Latina. Ahora, en medio de la pandemia del coronavirus, advierte que las inequidades por razón de género podrían aumentar.
Por esta razón, Women´s Link Worldwide unió esfuerzos con Amnistía Internacional y la Federación Internacional de Planificación de la Familia para publicar una guía con recomendaciones hacia los Estados de la región, para poner en marcha políticas públicas con enfoque de género y así enfrentar el COVID-19 de una manera más integral.
El documento contiene una larga lista de recomendaciones para proteger a mujeres, niñas y adolescentes en este nuevo contexto. “La guía trata de abordar cómo las situaciones estructurales que ya afectan a los derechos de mujeres y niñas se están agravando en el contexto actual de la pandemia y la emergencia generada por el coronavirus”, dijo Soto en entrevista con la Agencia Anadolu.
La abogada explica que América Latina tiene altos índices de violencia contra las mujeres. De hecho, es la única región del mundo en donde las cifras de embarazo adolescente van en aumento y esto, afirma, se relaciona directamente con las altas tasas de violencia sexual.
En Colombia, por ejemplo, una mujer es víctima de violencia sexual cada 23 minutos, según estimaciones del Instituto de Medicina Legal, la entidad pública encargada de prestar servicios forenses a la justicia en el país. De esas cifras, un alto porcentaje son niñas y adolescentes.
Ahora, con la pandemia y las cuarentenas decretadas por diversos países, se ha observado un aumento de la violencia hacia niñas y mujeres. El informe señala que muchas tienen que pasar las 24 horas del día en su casa, algo que puede implicar un incremento en el riesgo de sufrir violencias, incluida violencia sexual, al encontrarse aisladas con quienes son, o pueden convertirse, en sus agresores.
Además, algunas mujeres podrían tener dificultades para hacer denuncias debido a las restricciones de movilidad o no podrían acceder a los albergues para huir de su agresor.
En el nuevo escenario global de restricciones a la movilidad, cierre de fronteras y saturación de los hospitales, miles de mujeres enfrentan dificultades muy específicas para acceder a servicios de salud, protección y justicia.
Las autoridades colombianas ya han empezado a registrar cifras que confirman las preocupaciones de Soto y las organizaciones defensoras de derechos humanos. El Observatorio Colombiano de Mujeres registró un aumento de un 91% en las llamadas de denuncia por violencia intrafamiliar hacia mujeres y niñas desde el inicio de la cuarentena, en relación con el mismo periodo del año anterior.
Por estas razones, la guía busca proveer algunas ideas para que los gobiernos nacionales y locales creen políticas específicas para atender las necesidades de mujeres y niñas.
Una de las medidas que sugieren las organizaciones es asegurar el funcionamiento de las casas de acogida y otras instalaciones adicionales para mujeres y niñas que necesiten estar fuera de sus casas durante las medidas de cuarentena. También poner en marcha servicios de consejerías virtuales o telefónicas.
Además, resaltan que las medidas que imponen restricciones a la movilidad deben considerar dentro de las excepciones la situación de mujeres víctimas de violencia que necesitan buscar ayuda fuera de sus casas o aquellas que logran escapar de situaciones de violencia y explotación. Piden que “se instruya a las autoridades de orden público competentes, tener en cuenta estos supuestos para evitar la revictimización e incluso criminalización de las víctimas”.
En temas de salud, el documento resalta la importancia de proveer servicios para las mujeres gestantes y lactantes. Además, que los servicios de acceso a interrupción voluntaria del embarazo, la atención pre y post-natal sean considerados como esenciales durante las medidas de cuarentena.
“Ante las restricciones de movilidad, los Estados deben adoptar medidas que faciliten el acceso al servicio de interrupción voluntaria del embarazo, haciendo uso de las opciones farmacológicas disponibles y las herramientas de telemedicina”, indica el documento.
La migración es otro tema de especial relevancia en Suramérica, ya que más de 4 millones de venezolanos se han visto forzados a buscar trabajo, comida y servicios básicos en diferentes países de la región. Para luchar contra el coronavirus, muchos países de la zona han optado por cerrar fronteras. Esto también tiene repercusiones específicas sobre las mujeres, ya que son más vulnerables a sufrir violencia en los pasos fronterizos irregulares o verse atrapadas en redes de trata de personas.
"Aunque ha sido difícil documentarlo, nosotras sabemos que las medidas como el cierre de fronteras están exponiendo a las mujeres a mayores vulnerabilidades y a ser víctimas de violencia", dice la abogada.
El acceso a la justicia es otra de las preocupaciones de las organizaciones defensoras de los derechos humanos. “Debe reforzarse la capacidad de las instituciones del Estado para recibir y procesar las denuncias”, indican en la guía. Añade que las líneas y rutas de atención para mujeres y niñas víctimas de violencia deben ser consideradas como servicios de primera necesidad durante las medidas de cuarentena.
Soto resaltó que diversos gobiernos ya están poniendo en marcha medidas que responden a las necesidades de las mujeres y pueden ser replicadas. En Uruguay, por ejemplo, algunos juzgados prorrogaron de oficio las medidas de protección para mujeres víctimas de violencia doméstica, es decir, alargaron la vigencia de las órdenes de restricción de los agresores sin necesidad de muchos trámites.
Otro ejemplo fue Colombia. En el país, los lineamientos que emitió el Ministerio de Salud para la atención a mujeres gestantes y lactantes incluye como uno de los servicios esenciales el servicio a interrupción voluntaria del embarazo. “Nos parece un buen paso y creemos que todas las medidas que se adopten con relación a la salud tienen que incluir el reconocimiento expreso de que los servicios de salud sexual y reproductiva son considerados esenciales dentro de esta emergencia”, dice Soto.
En conclusión, las organizaciones resaltan que es necesaria una respuesta urgente con perspectiva de género y que se tengan en cuenta todas estas medidas, que están basadas en las obligaciones que adquirieron los Estados al suscribir tratados internacionales sobre derechos humanos. “Si no se adoptan estas medidas con una perspectiva diferenciada y enfoque de género, la mitad de la población que somos las mujeres y niñas vamos a quedar en desprotección”, dice la abogada.
