Los colombianos enfrentan a diario numerosos retos financieros, y uno de los más frecuentes está relacionado con el pago de deudas. Créditos para la compra de vivienda, vehículos, bienes de consumo o préstamos adquiridos para salir de emergencias terminan acumulándose mes a mes hasta convertirse en una pesada carga que afecta la tranquilidad. Esta situación se agrava cuando una persona pierde su empleo o disminuyen sus ingresos, lo que vuelve casi imposible cumplir con los compromisos adquiridos.
Para casos como estos existe el trámite de insolvencia, un mecanismo legal que permite a los deudores renegociar sus obligaciones bajo la supervisión de las autoridades competentes, ofreciendo un respiro a quienes atraviesan dificultades económicas.
¿Qué es el trámite de insolvencia?
El Ministerio del Trabajo define la insolvencia como el mecanismo al cual puede acudir una persona natural no comerciante que no ha logrado pagar dos o más deudas en un tiempo superior a tres meses. De esta manera, se abre la posibilidad de alcanzar un acuerdo de pago con los acreedores, evitando procesos judiciales más complejos y costosos.
Este procedimiento está pensado principalmente para individuos que pierden su fuente de ingresos y ven crecer sus obligaciones en mora superior a 90 días. También pueden acceder comerciantes con activos totales inferiores a 1.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV).
Requisitos para acogerse a la Ley de Insolvencia
La normativa que regula este proceso fue modificada por la Ley 2445 de 2025, que actualizó la Ley 1564 de 2012. Según la norma, quienes busquen acogerse al trámite deben cumplir con ciertos requisitos:
- Cesación de pagos: haber incumplido el pago de dos o más obligaciones con diferentes acreedores por más de 90 días, o estar enfrentando procesos de cobro o restitución de bienes.
- Proporción de deudas: las obligaciones deben representar al menos el 30 % del pasivo total de la persona, sin contar los créditos descontados por nómina o libranza.
De acuerdo con cifras reveladas por Luis Benítez, director de Insolvencia Colombia, hasta octubre de 2024 más de 20.000 ciudadanos se habían beneficiado de este mecanismo, lo que demuestra su relevancia como herramienta de alivio financiero.
Paso a paso del proceso
El trámite inicia con la solicitud de negociación de deudas, que puede ser presentada directamente por el deudor o mediante un abogado. El Ministerio del Trabajo establece que esta petición debe incluir:
- Datos completos del solicitante.
- Documento explicando las causas del endeudamiento.
- Propuesta de pago ajustada a su capacidad económica.
- Informe actualizado de acreedores y deudas.
- Soporte de bienes y certificación de ingresos.
- Estado civil y obligaciones alimentarias, si existen.
Una vez radicada la solicitud, se programa una audiencia de conciliación ante un centro de conciliación o una notaría. Allí se califican y gradúan las deudas, y mediante un proceso de negociación se define cuánto debe pagar el deudor y en qué plazos.
Si se alcanza un consenso, se firma un convenio de pago avalado por el conciliador y aprobado por al menos dos acreedores que representen el 50 % del monto adeudado. De lo contrario, el proceso se declara fracasado y podría dar paso a medidas judiciales.
En un contexto en el que la pérdida de empleo y la falta de ingresos golpean a miles de familias, esta figura representa una segunda oportunidad para reorganizar las finanzas y empezar de nuevo.
