En la noche del pasado jueves 17 de julio, autoridades confirmaron el secuestro de nueve personas. Se trata de contratistas que laboraban para la Gobernación del Cauca, supuesto atentado perpetrado por disidencias de la FARC en la región de Micay. Entre los retenidos se encuentran civiles —padres, madres, hermanos e hijos— que prestaban su servicio a las comunidades locales, lo que evidencia el impacto humanitario del grupo armado en la zona rural del departamento.
Según lo reportado, los contratistas se encontraban cumpliendo actividades para la administración departamental y su retención habría ocurrido mientras ejecutaban tareas en sectores apartados del Cauca, lo que generó alarma por la vulnerabilidad de estos trabajadores civiles . La Gobernación confirmó su condición civil, lo que descarta cualquier vínculo con labores militares o de orden público.
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La información expone que entre los nueve secuestrados hay integrantes de familias completas: “padres, madres, hijos, hermanos que solo buscaban servir a las comunidades.” El mensaje institucional advierte que no fueron funcionarios públicos, sino contratistas que realizaban labores para beneficio de la población, elevando el perfil del suceso y su impacto local .
Por su parte, autoridades señalan a las disidencias de Iván Mordisco como autoras del secuestro. Este grupo, liderado por alias “Mordisco”, es señalado de mantener bajo su poder a las nueve personas retenidas. Fuentes locales brindaron un video como prueba de vida, en el que uno de los retenidos aparece pidiendo ser tratados con respeto y pidiendo ayuda para ser liberados con vida.
FARC
¿Cómo fue el secuestro de estos contratistas?
Además, Radionacional cita a autoridades regionales confirmando el secuestro y añadiendo que los contratistas estaban realizando labores en la parcialidad de Micay. El reporte destaca que las disidencias utilizan estas capturas como forma de presión para forzar negociaciones o presionar al Estado, lo que reafirma su poder sobre territorios rurales del Cauca.
Hasta el momento, el Gobierno Nacional no se ha pronunciado de manera oficial sobre el caso, aunque se espera que se activen mecanismos diplomáticos y de inteligencia para garantizar el retorno de las personas en condición de secuestradas. Voces locales han llamado a activar protocolos del Gaula y avanzar en un rescate seguro sin exponer a las víctimas a mayores riesgos.
El contexto en que se produce este episodio es complejo. Las disidencias de las FARC, catalogadas como Grupos Armados Organizados Residuales, continúan operando en zonas como Cauca, ejerciendo control territorial mediante la violencia, el secuestro, la extorsión y el narcotráfico. La retención de civiles vinculados a labores administrativas evidencia cómo estos grupos apuntan a desestabilizar las funciones estatales y amedrentar a quienes trabajan para el Estado.
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Frente a los hechos, organizaciones de la sociedad civil y comunidades locales han reclamado al Gobierno mayor protección para los contratistas y funcionarios que laboran en zonas sensibles. Reclaman además presencia institucional real en territorios donde el Estado parece débil frente al armado y a la intimidación.
