Este 6 y 7 de noviembre se conmemora un nuevo aniversario de la toma del Palacio de Justicia, por parte del M-19, y de la posterior retoma que llevó a cabo la Fuerza Pública. Durante el fatídico suceso murieron 111 personas entre magistrados, funcionarios, civiles, guerrilleros y uniformados; también una importante cantidad de personas fueron desaparecidas.
Después de 36 años las incógnitas continúan rondando entre la memoria de las familias a quienes el holocausto les arrebató a sus familiares. La justicia ha caminado a pasos lentos y aún hay más dudas que certezas sobre lo que sucedió al interior del lugar, que ardió durante 28 horas ante los ojos de los bogotanos.
Ese día, 28 hombres del comando Iván Marino Ospina del M-19 ingresaron al Palacio de Justicia en medio de una acción conocida como Operación Antonio Nariño por los Derechos del Hombre con 350 rehenes entre funcionarios, magistrados, trabajadores y visitantes que se encontraban dentro del edificio.
El supuesto objetivo era realizar un juicio político al entonces presidente Belisario Betancour, que según el movimiento armado había violado el cese al fuego entre el 23 y 24 de agosto de 1984. Pues hasta ese momento el Ejército no había parado el asedio militar contra cualquier posible militante de dicho grupo revolucionario.
Años después, se conoció que el narcotraficante Pablo Escobar hizo parte de esta operación. Jhon Jairo Velásquez mejor conocido como ‘Popeye’, confesó que el financiamiento para la operación terrorista salió de las arcas del Cartel de Medellín.
Según ‘Popeye’, Escobar se enteró de lo que planeaba el M-19 y los financió con la intención de que quemaran los expedientes de ‘Los extraditables’, cuyos casos reposaban en el edificio y eran estudiados por los magistrados, en el marco de su proceso de extradición.
La toma del Palacio de Justicia fue uno de los hechos más dolorosos del conflicto armado colombiano. Durante 28 horas que duró la ocupación y el operativo militar, un número indeterminado de personas fue torturado y 11 personas resultaron desaparecidas a pesar de haber salido con vida del edificio.
Según la Corte Suprema de Justicia en sentencia al general Jesús Armando Arias Cabrales, director del operativo de retoma del Palacio de Justicia, sobre el mediodía del 6 de noviembre el Ejército puso en marcha el Plan Tricolor 83 que estaba planificado para eventos de guerra exterior o insurrección parcial o total.
Ese plan, según la justicia, determinaba que no habría negociaciones y el objetivo era el control militar a toda costa. Por esa razón, vehículos blindados del Ejército ingresaron por las puertas de la carrera octava y por la puerta principal ubicada en la Plaza de Bolívar. El enfrentamiento provocó las conocidas imágenes que permanecen en la memoria de los colombianos del edificio en llamas, en un incendio que terminó por dejar a los rehenes y guerrilleros atrapados, totalmente calcinados.
El balance fue de 244 sobrevivientes y una centena de muertos, entre los que se encontraban los magistrados Alfonso Reyes Echandía, Fabio Calderón Botero, Pedro Elías Serrano Abadía, Darío Velásquez Gaviria, José Eduardo Gnecco Correa, Ricardo Medina Moyano, Alfonso Patiño Roselli, Carlos Medellín Forero, Fany González Franco, Manuel Gaona Cruz y Horacio Montoya Gil.
Los desaparecidos fueron: Carlos Augusto Rodríguez Vera, Cristina del Pilar Guarín Cortés, Bernardo Beltrán Hernández, Héctor Jaime Beltrán Fuentes, Gloria Estella Lizarazo, Luz Mary Portela León, David Suespes Celis, Norma Constanza Esguerra, Lucy Amparo Oviedo y Gloria Anzola Delano.
Hasta el momento, continúan desaparecidos Irma Franco, David Suspes Celis, Gloria Stella Lizarazo, Carlos Augusto Rodríguez y Norma Constanza Esguerra, mientras sus familiares aún esperan conocer el paradero de sus cuerpos. Así como todos los cercanos a las víctimas del Palacio de Justicia esperan conocer qué pasó durante esos dos días imborrables de 1985.
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El caso no ha tenido mayores avances. Entre las decisiones judiciales más recientes hay que reseñar que el Tribunal Superior de Bogotá se negó a vincular a la excúpula del M-19 luego de que se presentara una apelación en la que se solicitaba que los exintegrantes del grupo armado fueran a indagatoria a entregar sus versiones de lo acontecido. Se argumentó que tras la ley 77 de 1989, la cúpula del grupo guerrillero fue indultada por delitos políticos, por lo que fueron desvinculados del proceso.
En el año 2017, Raúl Alfonso Talero, hermano del capitán Héctor Talero, intentó acabar con el indulto a través de una acción ante la Corte Suprema. La corte negó la demanda dirigida en contra Antonio Navarro, Gustavo Petro, Germán Rojas, José Otty Patiño, Vera Grabe, Libardo Parra, y otros 20 integrantes de la extinta célula guerrillera.
Uno de los fallos más controversiales en esta historia se dictó en 2015, cuando la Corte Suprema absolvió de toda responsabilidad al coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vegas, entonces comandante de Caballería, pues se concluyó que los testimonios por desaparición en su contra eran incongruentes.
El pasado 19 de octubre, el Tribunal dejó en firme la sentencia a 40 años de cárcel contra el excomandante del Ejército, el coronel (r) Edilberto Sánchez Rubiano, por la desaparición forzada de Irma Franco, Carlos Augusto Rodríguez y Bernardo Beltrán Hernández.
Además, condenó a los sargentos Antonio Rubay Jiménez Gómez, Luis Fernando Nieto Velandia y Ferney Ulmardín Causayá, acusados por la desaparición forzada de Carlos Augusto Rodríguez y Bernardo Beltrán, trabajadores de la cafetería del Palacio.
