La controversia por las denuncias de la gerente del Fondo de Adaptación, Angie Rodríguez, escaló luego de que la Unidad Nacional de Protección (UNP) respondiera a sus afirmaciones sobre una supuesta falta de seguridad y negara que se encuentre desprotegida.
Las declaraciones de la funcionaria se dan en medio de un escándalo que involucra a altos sectores del Gobierno nacional, tras advertir sobre un presunto juego de poder en el que se mezclarían intereses económicos, corrupción e intentos de manipulación al presidente Gustavo Petro.
Rodríguez, quien anteriormente se desempeñó como directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), aseguró en entrevistas que teme por su vida y la de su familia, tras denunciar la existencia de una supuesta red que operaría en su contra. Según afirmó, ha sido víctima de espionaje, amenazas y presiones, hechos que ya puso en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación.
“Hay un juego por el poder y el dinero”, sostuvo la funcionaria, al advertir que algunos sectores del Gobierno estarían aprovechando el tiempo restante de la administración para “exprimir” los recursos públicos, ante la percepción de que el proyecto político no continuará.
Además, señaló directamente a varios funcionarios y figuras cercanas al Ejecutivo, entre ellos a José Raúl Moreno, a quien acusó de aislar al mandatario; al director de la UNGRD, Carlos Carrillo; y a Juliana Guerrero, a quien cuestionó por presuntas irregularidades en sus títulos académicos.
En medio de sus denuncias, Rodríguez hizo un llamado directo al jefe de Estado para que intervenga. “Presidente, proteja mi vida (...) usted es el único que puede parar esto”, expresó en entrevista con medios nacionales, insistiendo en que su situación representa un riesgo real.
Sin embargo, la UNP desmintió que la funcionaria carezca de medidas de protección. El director de la entidad, Augusto Rodríguez, aseguró que desde enero de 2026 se le asignó un esquema de seguridad robusto, el cual se mantiene vigente.
Según explicó, tras asumir como gerente del Fondo de Adaptación el 23 de enero, la funcionaria solicitó formalmente protección y, en un plazo de cinco días, la entidad activó un esquema de emergencia mediante resolución oficial.
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Este incluye vehículo blindado, escolta, chaleco antibalas y apoyos logísticos para desplazamientos en territorio, además de medidas complementarias como atención psicológica y líneas de emergencia. “No es cierto que la funcionaria se encuentre o haya estado desprotegida”, enfatizó el director de la UNP.
Asimismo, indicó que existe un acta firmada por la propia Rodríguez en la que acepta las medidas otorgadas, y señaló que el nivel de protección es comparable al de altos funcionarios del Gobierno, incluidos ministros.
La entidad también aclaró que la asignación de esquemas responde a evaluaciones técnicas de riesgo y no a decisiones discrecionales, y que incluso durante viajes la funcionaria cuenta con cobertura de seguridad.
El caso ha generado nuevas tensiones dentro del Gobierno y aumenta la presión sobre las autoridades para esclarecer las denuncias de la funcionaria, en un contexto marcado por cuestionamientos sobre el manejo del poder, la seguridad institucional y la transparencia en la administración pública.
