La Fiscalía General formuló cargos contra el alcalde suspendido de Armenia, José Manuel Ríos, y Gabriela Valencia Vásquez, directora del Departamento de Bienes y Suministro del mismo municipio, por presuntos hechos de corrupción en contratos para atender la emergencia causada por el Covid-19.
Según el ente investigador, estos dos funcionarios habrían violado el principio de selección objetiva en la adjudicación de un contrato de suministros en medio de la pandemia.
Los delitos que deberá enfrentar José Manuel Ríos son: peculado por apropiación en grado de tentativa, contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, violación del régimen legal de inhabilidades e incompatibilidades y falsedad en documento privado.
El delegado del ente investigador expuso que el alcalde de Armenia y la directora del Departamento de Bienes habrían suscrito el contrato 002, por un valor de 350 millones de pesos, con la Comercializadora y Distribuidora Agroindustriales SAS, con sede en Cali.
Al parecer, esta entidad pertenece a uno de los financiadores de la campaña política de José Manuel Ríos Morales.
Un fiscal del Grupo de Tareas Especiales Covid-19, evidenció que la directora de Bienes del Municipio habría solicitado a dicha entidad 120 cajas de tapabocas y 630 cajas de guantes, al parecer, "sin las formalidades legales y sin verificar precios, omitiendo estudios de mercado para valorar otras ofertas".
"El material probatorio recopilado por el ente investigador dejaría ver que el accionista de Agroindustriales SAS habría hecho un préstamo de 50 millones de pesos al alcalde suspendido de Armenia, para financiar su campaña política", indicó la Fiscalía.
Además, se pudo establecer que los dos funcionarios aceptaron los precios ofrecidos por la comercializadora, los cuales, presuntamente, estarían por encima del mercado. Así las cosas, el detrimento al erario podría ascender a más de 25 millones de pesos.
"La Directora del Departamento de Bienes y Suministro de Armenia también habría inducido a la representante legal de otra comercializadora, con la que contrató otros elementos de seguridad, aseo y desinfección bajo el radicado 001, para que expidiera un oficio, con fecha 20 de marzo de 2020, en el que indicara que no tenía disponibilidad de tapabocas y guantes, con el fin de justificar su acción ilícita", agregó el ente investigador.
El próximo 5 de agosto continuará la audiencia para definir la medida de aseguramiento de detención domiciliaria solicitada por la Fiscalía en contra de los dos imputados.
