El Tribunal Administrativo de Cundinamarca condenó a la Nación por las chuzadas a Gustavo Petro y a algunos miembros de su familia ocurridas entre los años 2002 y 2010.
La instancia declaró administrativa y extracontractualmente responsables al Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) por el "daño antijurídico" ocasionado a los demandantes de acuerdo con las pruebas que se aportaron en el proceso.
La demanda por las chuzadas a Gustavo Petro y a su familia fue presentada el 18 de mayo de 2012 y se admitió el 23 de agosto de ese mismo año. En el recurso se argumentó que dichas entidades debían ser declaradas responsables por los daños ocasionados como consecuencia de las conductas ilegales realizadas en su contra entre los años 2002 y 2010.
Los hechos específicos que en criterio de los demandantes ocasionaron tales daños antijurídicos son: las amenazas producidas como consecuencia de las declaraciones dadas por el entonces presidente Álvaro Uribe, la falta de protección ante las amenazas hechas a los accionantes, chuzadas del DAS y otras actuaciones ilícitas.
En su momento, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República se opuso a las pretensiones de la demanda porque, según mencionó en ese entonces, desconocía la ocurrencia de los hechos descritos.
El DAS, por su parte, alegó que en la demanda por las chuzadas a Gustavo Petro y a su familia no se acreditaron los elementos necesarios para que se configurara su responsabilidad. Indicó que "las conductas imputadas se efectuaron de manera personal e ilícita, sin orden judicial alguna que las amparara o legitimara, por lo que no se les podía adjudicar como institución".
Sin embargo, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca consideró todo lo contrario. Con base a los elementos materiales probatorios presentados acreditó las chuzadas a Gustavo Petro.
- También le puede interesar: Razones de la Corte para imponer a Álvaro Uribe detención domiciliaria
La instancia estableció que el hoy senador de la Colombia Humana fue víctima de interceptaciones, seguimientos, desprestigio y asedio por parte de esa instituciones oficiales. Por esa razón, condenó a la Nación y le ordenó el pago de una millonaria suma de dinero por concepto de perjuicios morales.
La indemnización que recibirá Gustavo Petro por estos actos es de 100 salarios mínimos. Su esposa, Verónica del Socorro Alcocer, recibirá una suma de 80 SMLMV, al igual que dos de sus hijos.
Otros miembros de su familia que tendrán indemnización son su hermana, hermano, padre y madre, quienes recibirán una suma entre los 50 y 80 salarios mínimos.
Este es el documento completo de la decisión:
