Organizaciones sociales, feministas y de autoridades ancestrales aseguran que los casos de violencia sexual cometidos por algunos soldados del Ejército Nacional en contra de menores pertenecientes a diferentes comunidades indígenas que habitan en Colombia no son hechos aislados y que son crímenes que hacen parte de la dura realidad de este país.
Dicen que las violaciones de las niñas de la comunidad Gito Dokabú - Embera Katío (Risaralda) y de la comunidad Nukak Makú (Guaviare) -que se dieron a conocer en los últimos días- son actos repetitivos y sistemáticos, y que pocos salen a la luz pública por el miedo que invade a las víctimas, porque muchas veces no son escuchadas y por los obstáculos que se les presentan para acceder a la justicia.
Investigadoras de Confluencia de Mujeres para la Acción Pública, organización feminista, le dijeron a KienyKe.com que desde hace varios años las autoridades indígenas han alzado su voz para denunciar distintos actos de violencia sexual cometidos contra niñas y adolescentes pertenecientes a sus comunidades, actos que han sido perpetrados por parte de miembros de fuerzas armadas legales e ilegales.
Indicaron que, a pesar de las denuncias, este tipo de casos no han cesado porque no se le ha prestado la suficiente atención a la problemática y que, luego de la firma del Acuerdo de Paz, se ha identificado un aumento de los casos que involucran a miembros de la fuerza pública debido al incremento de presencia que hacen actualmente en territorios donde conviven cientos de hombres y mujeres indígenas.
Las investigadoras afirmaron que hay decenas de testimonios que demuestran la dura realidad que viven las niñas y adolescentes indígenas en esos territorios por culpa de los diferentes tipos de violencia. Mencionaron que estos relatos han sido dados a conocer a nivel local, regional y nacional y que la mayoría no han tenido una respuesta contundente y, por lo tanto, permanecen en la impunidad.
“Este tipo de depredadores estudian muy bien la vulnerabilidad de sus víctimas. Analizan qué redes tienen, qué posibilidades tienen de denuncia y cuál es su incidencia. Muchas mujeres indígenas han denunciado este tipo de abusos y han expuesto las situaciones que han vivido por culpa de estas personas desde hace varios años. Sin embargo, la acción institucional ha sido nula y siguen siendo blanco de estos ataques”, mencionaron.
Angélica Beltrán, coordinadora nacional de Confluencia de Mujeres para la Acción Pública, señaló que la mayoría de estos casos quedan en el anonimato debido a que muchas niñas y adolescentes indígenas no se atreven a denunciar, pues temen a represalias, no conocen las rutas de atención y tampoco las de protección.
“Muchas veces estos casos se conocen por terceros que están a su alrededor y hacen visibles estas situaciones, como ha pasado en los últimos días. Las rutas de atención son difíciles y a veces revictimizan a las personas. Para las mujeres indígenas es muy difícil por su condición y por las complejas situaciones que se viven en los territorios en los que habitan”, mencionó.
Beltrán insistió en que los tipos de violencia sexual contra las dos niñas indígenas no son hechos aislados porque existen muchos más casos. También resaltó que varias instituciones han denunciado que los cuerpos de estas menores han sido utilizados como armas de guerra y que, algunas veces, estos actores armados cometen los vejámenes como actos de “control territorial”.
“Es un acto sistemático, es un asunto histórico y las instituciones han sido cómplices. Desde hace varios años vemos el uso de la violencia sexual en el marco del conflicto y no se han tomado acciones radicales al respecto. Cuando una institución como el Ejército tiene el deber principal de proteger la vida de la ciudadanía, y ve que actos como estos ocurren y no hacen nada, también terminan siendo culpables por omisión”, afirmó.
Por último, Beltrán indicó que es importante reconocer las diferentes condiciones que se presentan al interior de la fuerza pública para que se permitan este tipo de crímenes.
“Es importante mencionar este fenómeno como algo estructural. No sirve de nada resolver caso por caso si no se soluciona el problema de fondo. Si queremos garantizar verdad, justicia y no repetición a las víctimas tenemos que entender cuáles son los problemas estructurales que hay en este tipo de instituciones, y entender por qué también hay situaciones que hacen a los demás actores cómplices de esas violencias”, finalizó.
