–¿Terry Collingsworth?
–Depende, ¿quién pregunta?
Así, de bruces, me encontré con el abogado responsable de que una corte federal haya citado a Álvaro Uribe Vélez a declarar como testigo en la acción civil, entablada en 2009, que pretende responsabilizar a la Drummond Co. por crímenes de guerra cometidos por paramilitares colombianos. Collingsworth estaba en un ascensor en el quinto piso del edificio del 1156 de la calle 15, en el centro de Washington. Buscaba las llaves de su oficina con una mano, mientras en la otra sostenía esa taza de café que parece acompañar a todos los estadounidenses en el trayecto de su casa al trabajo. No tuvo que encontrarlas, porque una persona abrió la puerta desde adentro. Saludo va, saludo viene y, tras despejar las suspicacias iniciales, Collingsworth me invita a seguir. La oficina, sede de la firma Conrad&Shreder, no es nada del otro mundo. Tiene forma de “L”, y a su alrededor se distribuyen unas cuantas oficinas y una sala de juntas.
Álvaro Uribe y Greg Craig, su abogado en Washington.
Todo está listo para recibir el testimonio del ex presidente colombiano más popular de la era moderna, pero Uribe, ya se sabe, no se presentará. Collingsworth, que representa a los familiares de trabajadores y sindicalistas de la Drummond asesinados por miembros del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia, ha estado en contacto permanente con su contraparte, Gregory B. Craig, el apoderado de Uribe, quien tampoco acudirá a la cita. De hecho, ni Uribe ni Craig se encuentran en el país. El ex presidente, según ha dejado saber a través de su cuenta de Twitter, partió la noche anterior hacia Honduras.
Es curioso que en el rastro frenético de Uribe en su bitácora virtual no haya mención alguna de la citación judicial. En el mundo real, sin embargo, parece haber tomado el asunto con la mayor seriedad. El jurista que contrató para representarlo, Greg Craig, cobra alrededor de mil dólares. Según Collingsworth “es el abogado con las mejores conexiones políticas de la ciudad”.
–Eso sí, ni el señor Uribe ni su abogado están por encima de la ley –dice Collingsworth, que me dijo que no tiene mucho tiempo para hablar, pero da la impresión de aprovechar la oportunidad para sacarse un clavo–. Considero su posición arrogante en extremo, pero tengo plena confianza en que la justicia los obligará a cumplir sus requerimientos.
Mientras habla, el abogado no deja de moverse de un lado al otro de su despacho. De un arrume de papeles, a su escritorio, a una mesa, a la biblioteca, en la que se destacan una foto con el Dalai Lama y otra en una caserío de Liberia, momentos de sus romerías por el mundo en la lucha contra los poderes establecidos. También se ve un libro de Borges entre los fascículos de jerigonza legal.
La relación entre Collingsworth –que se especializa en derecho laboral y casos de derecho internacional humanitario– y los integrantes del sindicato de la Drummond viene de varios años atrás. En 2007 fue el apoderado en una causa civil contra la multinacional minera, con sede en Birmingham, Alabama, por el homicidio de tres sindicalistas: Valmore Locarno, Víctor Orcasita y Gustavo Soler. Los culpables fueron los secuaces del jefe paramilitar John Jairo Esquivel, alias “El Tigre”, en inmediaciones del municipio de La Loma, Cesar. Los demandantes argumentaban que el Bloque Norte de las AUC operaba en coordinación y con el consentimiento no sólo de los miembros del Ejército de la zona, sino también de los directivos de la Drummond. Pero la causa no prosperó, y fue desestimada por los tribunales.
Para el abogado, de jeans y blazer como Sergio Fajardo, hay motivos que permiten concluir que, en esta ocasión, el desenlace del proceso será diferente: “los paramilitares que ordenaron y cometieron estos asesinatos están en la cárcel y han sugerido que están dispuestos a colaborar con la justicia”. En efecto, “El Tigre” está cumpliendo una sentencia de 33 años en una cárcel de Barranquilla y el comandante del Bloque Norte, Rodrigo Tovar Pupo, conocido como “Jorge 40”, fue extraditado a los Estados Unidos.
Ante la ausencia del ex presidente Uribe y de su representante legal la Corte Federal tendrá que valorar las medidas a tomar. Es posible que los citen de nuevo, que declaren un desacato o, incluso, que soliciten su arresto. Según afirman fuentes que conocen el caso, la estrategia del equipo legal de Uribe sería reclamar que se le extienda la inmunidad que lo cobijaba como primer mandatario, una figura que por lo general aplica sólo a los presidentes en ejercicio. A pesar de haber intentado contactar al señor Craig y su bufete para obtener una declaración oficial en relación al caso, al momento del cierre de este artículo no se recibió respuesta.
Collingsworth, por su parte, sostiene que lo más probable es que la Corte vuelva a programar una audiencia. “Nuestra posición es que estamos dispuestos a acomodar la diligencia para un momento que le convenga al ex presidente, por ejemplo en enero, cuando tenemos entendido que regresará a Washington con motivo de sus compromisos académicos con la Universidad de Georgetown”.
Según las autoridades universitarias, el ex presidente colombiano fue víctima de una agresión por parte de la estudiante y activista Charity Ryerson, quien se encargó de notificar a Uribe de la diligencia legal al finalizar una de las clases que él dictó en calidad de “Educador Distinguido de la Escuela Walsh de Servicio Exterior. Ryerson niega la acusación.
Aunque este caso puede sentar un precedente para las corporaciones estadounidenses con actividades en países extranjeros, las probabilidades de éxito de la acción civil contra Drummond Co. son mínimas, si se considera que sería la primera vez que se encuentre a una compañía culpable bajo los principios del Alien Tort Claims Act, la ley del siglo XVIII que los demandantes han utilizado para llevar a la compañía minera ante las cortes. El prestigio político de Uribe en Washington tampoco corre peligro, al parecer de Michael Shifter, vicepresidente del centro de estudios Inter American Dialogue: “Sus defensores no van a cambiar de opinión y sus críticos tan sólo se llenarán de razones”. Este caso pone en evidencia, asegura Shifter, que la controversia alrededor de los aspectos más polémicos de la administración de Álvaro Uribe Vélez permanece vigente. “Muchas preguntas siguen sin respuestas”.
Terry Collingsworth tiene la esperanza de ser la primera persona que pueda planteárselas sin intermediario al ex presidente colombiano en el marco de una averiguación legal. Ha esperado años para poder hacerlo. “Es preciso derribar el muro que ha protegido hasta ahora a los cómplices del paramilitarismo en Colombia”, asevera, mientras empuña un martillo de madera, idéntico a los que utilizan los jueces en este país.
Twitter: @lozanopuche
Enlaces:
la citación
Álvaro Uribe y Greg Craig, su abogado en Washington.
Todo está listo para recibir el testimonio del ex presidente colombiano más popular de la era moderna, pero Uribe, ya se sabe, no se presentará. Collingsworth, que representa a los familiares de trabajadores y sindicalistas de la Drummond asesinados por miembros del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia, ha estado en contacto permanente con su contraparte, Gregory B. Craig, el apoderado de Uribe, quien tampoco acudirá a la cita. De hecho, ni Uribe ni Craig se encuentran en el país. El ex presidente, según ha dejado saber a través de su cuenta de Twitter, partió la noche anterior hacia Honduras.
Es curioso que en el rastro frenético de Uribe en su bitácora virtual no haya mención alguna de la citación judicial. En el mundo real, sin embargo, parece haber tomado el asunto con la mayor seriedad. El jurista que contrató para representarlo, Greg Craig, cobra alrededor de mil dólares. Según Collingsworth “es el abogado con las mejores conexiones políticas de la ciudad”.
–Eso sí, ni el señor Uribe ni su abogado están por encima de la ley –dice Collingsworth, que me dijo que no tiene mucho tiempo para hablar, pero da la impresión de aprovechar la oportunidad para sacarse un clavo–. Considero su posición arrogante en extremo, pero tengo plena confianza en que la justicia los obligará a cumplir sus requerimientos.
Mientras habla, el abogado no deja de moverse de un lado al otro de su despacho. De un arrume de papeles, a su escritorio, a una mesa, a la biblioteca, en la que se destacan una foto con el Dalai Lama y otra en una caserío de Liberia, momentos de sus romerías por el mundo en la lucha contra los poderes establecidos. También se ve un libro de Borges entre los fascículos de jerigonza legal.
La relación entre Collingsworth –que se especializa en derecho laboral y casos de derecho internacional humanitario– y los integrantes del sindicato de la Drummond viene de varios años atrás. En 2007 fue el apoderado en una causa civil contra la multinacional minera, con sede en Birmingham, Alabama, por el homicidio de tres sindicalistas: Valmore Locarno, Víctor Orcasita y Gustavo Soler. Los culpables fueron los secuaces del jefe paramilitar John Jairo Esquivel, alias “El Tigre”, en inmediaciones del municipio de La Loma, Cesar. Los demandantes argumentaban que el Bloque Norte de las AUC operaba en coordinación y con el consentimiento no sólo de los miembros del Ejército de la zona, sino también de los directivos de la Drummond. Pero la causa no prosperó, y fue desestimada por los tribunales.
Para el abogado, de jeans y blazer como Sergio Fajardo, hay motivos que permiten concluir que, en esta ocasión, el desenlace del proceso será diferente: “los paramilitares que ordenaron y cometieron estos asesinatos están en la cárcel y han sugerido que están dispuestos a colaborar con la justicia”. En efecto, “El Tigre” está cumpliendo una sentencia de 33 años en una cárcel de Barranquilla y el comandante del Bloque Norte, Rodrigo Tovar Pupo, conocido como “Jorge 40”, fue extraditado a los Estados Unidos.
Ante la ausencia del ex presidente Uribe y de su representante legal la Corte Federal tendrá que valorar las medidas a tomar. Es posible que los citen de nuevo, que declaren un desacato o, incluso, que soliciten su arresto. Según afirman fuentes que conocen el caso, la estrategia del equipo legal de Uribe sería reclamar que se le extienda la inmunidad que lo cobijaba como primer mandatario, una figura que por lo general aplica sólo a los presidentes en ejercicio. A pesar de haber intentado contactar al señor Craig y su bufete para obtener una declaración oficial en relación al caso, al momento del cierre de este artículo no se recibió respuesta.
Collingsworth, por su parte, sostiene que lo más probable es que la Corte vuelva a programar una audiencia. “Nuestra posición es que estamos dispuestos a acomodar la diligencia para un momento que le convenga al ex presidente, por ejemplo en enero, cuando tenemos entendido que regresará a Washington con motivo de sus compromisos académicos con la Universidad de Georgetown”.
Según las autoridades universitarias, el ex presidente colombiano fue víctima de una agresión por parte de la estudiante y activista Charity Ryerson, quien se encargó de notificar a Uribe de la diligencia legal al finalizar una de las clases que él dictó en calidad de “Educador Distinguido de la Escuela Walsh de Servicio Exterior. Ryerson niega la acusación.
Aunque este caso puede sentar un precedente para las corporaciones estadounidenses con actividades en países extranjeros, las probabilidades de éxito de la acción civil contra Drummond Co. son mínimas, si se considera que sería la primera vez que se encuentre a una compañía culpable bajo los principios del Alien Tort Claims Act, la ley del siglo XVIII que los demandantes han utilizado para llevar a la compañía minera ante las cortes. El prestigio político de Uribe en Washington tampoco corre peligro, al parecer de Michael Shifter, vicepresidente del centro de estudios Inter American Dialogue: “Sus defensores no van a cambiar de opinión y sus críticos tan sólo se llenarán de razones”. Este caso pone en evidencia, asegura Shifter, que la controversia alrededor de los aspectos más polémicos de la administración de Álvaro Uribe Vélez permanece vigente. “Muchas preguntas siguen sin respuestas”.
Terry Collingsworth tiene la esperanza de ser la primera persona que pueda planteárselas sin intermediario al ex presidente colombiano en el marco de una averiguación legal. Ha esperado años para poder hacerlo. “Es preciso derribar el muro que ha protegido hasta ahora a los cómplices del paramilitarismo en Colombia”, asevera, mientras empuña un martillo de madera, idéntico a los que utilizan los jueces en este país.
Twitter: @lozanopuche
Enlaces:
la citación
