El colectivo al ataque

El colectivo al ataque

24 de noviembre del 2010

El abogado Reinaldo Villalba tenía pocas dudas sobre la participación directa de Álvaro Uribe en los seguimientos ilegales realizados por el DAS contra el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y otras ONG. Pero quedó convencido del todo cuando encontró en unos expedientes incautados por la Fiscalía un verdadero diario sobre su vida: fotografías de su casa, su esposa e hijo en la calle, en el colegio, visitando a sus abuelos. Detalles de reuniones familiares, encuentros con colegas, amigos y hasta sus desplazamientos cotidianos.

El título que le habían puesto a su expediente fue aterrador: “El fantasma”. Tendría que habérselo puesto el mismo Uribe, porque se lo escuchó salir de su propia boca en 2004 en algún rincón de la sede del parlamento Europeo en Estrasburgo, Francia. Después de la alocución que dio frente a los eurodiputados, el ex presidente acusó al abogado de ser un fantasma que rondaba los pasillos de esa corporación difamando al Estado colombiano.

Las pesquisas de Villalba, uno de los ocho abogados que conforman el núcleo de esta ONG, que lleva treinta años en los estrados judiciales nacionales y extranjeros en la defensa de las víctimas de cientos de crímenes de Estado cometidos en Colombia, lo llevaron a encontrar expedientes similares de todos sus compañeros. Registros fílmicos y fotográficos de la marcación hombre a hombre que los agentes estatales les hicieron durante años. Encontró hasta datos precisos sobre la ubicación de sus colegas en el exilio.

Aunque sus 18 años en el Colectivo le han enseñado a recibir con entereza las amenazas contra su vida y tomar las precauciones necesarias, ese día Villalba pensó en claudicar. Lo dudó unos instantes mientras trajo a su mente la frase que solía decir el abogado Eduardo Umaña Mendoza, el fundador y quien lo llevó al colectivo en 1992, cuando era un joven estudiante de Derecho de la Universidad Nacional. “Más vale morir por algo que vivir por nada”.

El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo le debe su nombre al jurista antioqueño que se fue a los Llanos Orientales a elaborar códigos de conducta para las guerrillas liberales de los años cincuenta. Así, desde sus inicios en 1980, esta organización ha sido la piedra en el zapato de gobiernos, militares y otros miembros de la seguridad estatal, acusados y enjuiciados por su responsabilidad en crímenes contra opositores políticos, sindicalistas y  comunidades vulnerables.

Defendieron, por ejemplo, decenas de presos políticos que llenaban cárceles y  batallones en la época del Estatuto de Seguridad del Gobierno Turbay en la década de 1980. En los años noventa extendieron su accionar hacia los organismos y tribunales internacionales, como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, cuya jurisdicción fue admitida por Colombia a través de la Constitución del 91. En el escenario internacional, denunciaron el genocidio contra los militantes del partido Unión Patriótica. El 18 de abril de 1998 José Eduardo Umaña Mendoza, hijo del fundador del Colectivo, fue asesinado en su oficina. Sus compañeros le pidieron protección a la Sociedad Interamericana de Derechos Humanos, que le ordenó ese mismo año al Estado colombiano medidas cautelares para todos sus miembros.

Los abogados del colectivo fueron los causantes de la primera salida de casillas de Juan Manuel Santos el pasado 19 de agosto, cuando se enteró de que habían demandado al ex presidente Uribe por Traición a la Patria.

Las actuaciones del Colectivo lo han llevado a convertirse en una fuente de consulta de la ONU y a recibir apoyo económico y político de entidades internacionales, como la Agencia de cooperación española AECID, el Consejo Noruego, el Sistema de Naciones Unidas y las embajadas de Francia, Canadá y Suiza entre otras.

Hoy en día van a sus reuniones de trabajo y entrevistas con la prensa con muchas precauciones. Los acompañan escoltas suministrados por el programa de protección del Ministerio del Interior y un grupo de jóvenes extranjeros desarmados que hacen parte de cuerpos de paz internacionales. Su misión es acompañar a los miembros del Colectivo en sus desplazamientos como escudo político frente a posibles atentados contra sus vidas.

Ahora tienen en la mira el caso del asilo de María del Pilar Hurtado. El abogado Luis Guillermo Pérez viajó a Ciudad de Panamá en exclusivo para ponerse a la cabeza del tema. Pretende una cita con el presidente Martinelli para presentarle las pruebas que el Colectivo ha recaudado contra la ex directora del DAS por persecución política y tortura contra defensores de Derechos Humanos y opositores del Gobierno Uribe, con el fin de que el mandatario reverse su  decisión. Con la ayuda de funcionarios de la Procuraduría panameña, que hace las veces de ente investigador, consolidó la demanda penal contra María del Pilar Hurtado. Su tenacidad puede llevarlos lejos, como lo hicieron con los desaparecidos del Palacio de Justicia, los 49 campesinos asesinados en Mapiripán, el asesinato de Manuel Cepeda –que forzó al Estado a reconocer 600 mil dólares de indemnización a sus familiares– y las víctimas de las masacres de Chengue y La Rochela. Fue este Colectivo el que tumbó, además, el acuerdo de las bases militares con Estados Unidos. Queda claro que, si alguien puede resquebrajar el blindaje que logró María del Pilar Hurtado con su asilo, son ellos.