El ex secuestrado que sigue cautivo

El ex secuestrado que sigue cautivo

25 de Abril del 2012

Luis Eduardo Ruiz Franky corre a buscar un escondite cada vez que escucha un avión, un helicóptero, una explosión o una tormenta eléctrica. A través del teléfono, confiesa que no tiene estabilidad emocional, vive de mal genio y habla poco. Permanece la mayor parte del día encerrado en un pequeño cuarto pintado de blanco, donde solo hay una cama, una mesa de noche y un pequeño closet. Hoy, a sus 39 años, se dejó crecer el pelo, las uñas de los pies y tiene una barba espesa. Parece haberse olvidado del paso del tiempo y de sí mismo. El secuestro le dejó marcas que nunca podrá borrar.

Ruiz fue reten centenar ido por la guerrilla de las Farc en la toma de Miraflores (Guaviare). Tenía 25 años, era auxiliar de policía y cumpliría por esos días un año de servicio. Estuvo tres años en la selva junto a más de un de policías y militares en una de las recordadas jaulas de las Farc, desde aquel agosto de 1998. En una de las fotografías de su cautiverio se le ve delgado y pálido. Lleva puesta una sudadera, una camándula en su cuello y dibuja en su rostro una sonrisa tímida y extraña. En su secuestro –según una sentencia de la Corte Constitucional– recibió golpes, fue humillado, sufrió de hambre y padeció algunas enfermedades tropicales.

Ruiz vive en el municipio de Caloto (Cauca). Comparte una pequeña casa de tres alcobas y un patio con Abelino Ruiz, su papá; María Carlina Franky, su mamá, y su hermana mayor. Suele salir poco, solo lo hace para caminar unas tres veces por semana. Admite que luego de quedar en libertad su vida se nubló, la relación de tres años con una novia terminó. Además, sus deseos de continuar en la Policía y tener una familia –su mayor frustración– nunca se cumplieron.

La Toma de Miraflores fue ejecutada por más de 500 guerrilleros de las Farc. Luego de más de veinte horas de combate más de cien policías y militares fueron secuestrados.

En 2006, Luis Eduardo Ruiz Franky comenzó una batalla jurídica para lograr una pensión por invalidez. No fue un proceso fácil. Sus demandas fueron rechazadas por ser auxiliar de policía y porque su porcentaje de incapacidad no era suficiente. Pero luego de seis años su caso llegó hasta la Corte Constitucional. Allí, el magistrado Jorge Ignacio Pretelt Chaljub eligió su tutela en contra de la Nación, el Ministerio de Defensa y la Dirección General de la Policía Nacional, entre cientos que se radican en un mes.

Ruiz siempre argumentó que sus derechos a los servicios médicos, hospitalarios, medicamento y el derecho a la pensión por invalidez fueron vulnerados. Todo comenzó a estar a su favor casi once años después de su liberación. Ruiz es uno de los pocos policías víctimas del secuestro que le han ganado la pelea al Estado.

Luis Eduardo llegó a la policía como auxiliar el 25 de agosto de 1997. Casi un año después, fue testigo del hostigamiento de más 500 guerrilleros de las Farc a la estación y base de la Policía Antinarcóticos de Miraflores. El enfrentamiento dejó como resultado –según una comunicación del ‘Mono Jojoy’– treinta muertos, cincuenta heridos y cien militares y policías secuestrados. Recuerda que ese día fueron atacados con explosivos de todo tipo y cilindros. Luego de más de veinte horas de enfrentamiento fue secuestrado por la guerrilla de las Farc.

Ruiz fue liberado el 28 de junio de 2001. Pero solo cinco años después buscó la manera de obtener una pensión por invalidez. No estaba en condiciones de trabajar y sus fuentes económicas fueron “la caridad pública” y organización de algunas rifas en compañía de su mamá, María Carlina Franky.

Luis Eduardo permanece la mayor parte del día encerrado en su cuarto. Solo sale de su casa tres veces por semana a caminar. 

Según su historia clínica en la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, padece de “esquizofrenia paranoide, trastorno de estrés post trauma, trastorno de adaptación no especificado y episodio depresivo moderado”. Además, Luis perdió la visión total de su ojo izquierdo durante el combate en la toma de Miraflores. Recuerda que un cilindro explotó muy cerca de él y le causó una herida que fue tratada por los guerrilleros, quienes solían limpiársela a diario. La evidencia es una cicatriz que sobresale varios centímetros sobre su ceja.

Pese a su deteriorado estado de salud, sus reclamaciones fueron rechazadas. La Policía Nacional alegaba que la disminución de su capacidad era del 53.98 por ciento –según la junta médica laboral con fecha 29 de mayo de 2009– y para obtener una pensión por invalidez tendría que ser del 75 por ciento o más.

Bajo este mismo argumento la pensión le fue negada hasta 2011, año en que Ruiz llevó una tutela a la Corte Constitucional. Pero allí una sentencia con fecha de febrero de 2012 cambió el panorama. Sus derechos a la igualdad, seguridad social y mínimo vital se hicieron visibles.

La Corte concluyó que “existe una evidente violación del derecho a la igualdad de los Auxiliares Regulares que prestan el servicio militar obligatorio en la Policía Nacional (…) Además, por ser sujetos de especial protección las personas con discapacidad requieren de un trato preferencial y prioritario”. También reiteró “que el derecho a la pensión de invalidez es una especia del derecho a la seguridad social, razón por la cual adquiere el carácter de derecho fundamental”.

Hasta la fecha, Luis Eduardo Ruiz Franky no ha recibido el primer pago. No sabe cuánto le van a pagar. Mientras espera su pensión, gasta más de 600 mil pesos en medicamentos para mantenerse estable y trasladarse desde un municipio del Cauca a Cali una vez al mes para una revisión médica.