El fantasma de María del Pilar Hurtado

El fantasma de María del Pilar Hurtado

13 de septiembre del 2011

El silencio de María del Pilar, quien se convirtió en un fantasma para la justicia colombiana, tiene una sola razón: el gobierno de Panamá le impuso una serie de condicionamientos para sostenerle su condición de asilada. No puede tener contacto con funcionarios, políticos ni medios de comunicación. Tampoco puede dar cuenta de sus actividades en el país que la acogió.

A pesar de que se le ve poco, periodistas locales han advertido su presencia en la Universidad Latina, una institución privada de la capital panameña. Aún no se ha podido establecer si Hurtado dicta o recibe clases en esa institución.

También se ha dicho que Hurtado asesora en temas de seguridad a empresas portuarias y entidades gubernamentales. Sin embargo, fuentes cercanas a ella dicen que la exdirectora del Das sigue viviendo de sus ahorros. Estos disminuyeron hace dos meses, cuando un supuesto grupo de delincuencia entró a su residencia, situada en el exclusivo barrio Costa del Este, y le robó 5.000 dólares en efectivo y un computador.

El silencio de Hurtado se debe también a que en el gobierno de Martinell no cayó bien la demanda que ella interpuso contra el Estado colombiano en una suma cercana a los 500 millones de pesos, por considerar que en su proceso en la Procuraduría –que la destituyó e inhabilitó por 18 años para poder cumplir funciones públicas– se le violó el debido proceso.

El gobierno panameño le exigió abstenerse de ese tipo de maniobras jurídicas, recordándole que mantuviera distancia con Colombia en temas que, para Panamá, son más políticos que judiciales.

La demanda contra el Estado colombiano sigue su curso. Según abogados cercanos a esa causa, está a la espera de que el Consejo de Estado le dé el trámite respectivo.

De esta manera, la exjefe de inteligencia colombiana continúa su vida pasiva en el país que la acogió, mientras que hoy en Colombia se inicia el juicio en su contra por los seguimientos ilegales a políticos de la oposición, periodistas y magistrados, en uno de los capítulos más oscuros del gobierno Uribe.