El pulso para rescatar la Ciénaga Grande de Santa Marta

El pulso para rescatar la Ciénaga Grande de Santa Marta

7 de diciembre del 2015

Un sobrevuelo hecho por Parques Nacionales Naturales de Colombia sobre la Ciénaga Grande de Santa Marta en enero de 2015 delató la problemática: actores ilegales estaban construyendo diques y terraplenes para convertir los humedales en terrenos aptos para la agricultura y la ganadería, un delito ambiental que penalizan las leyes colombianas.

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La Ciénaga Grande de Santa Marta mide, en su área protegida, unas 158.125 hectáreas. En ella hay manglares, bosques secos y tropicales, viven chigüiros, zorros, monos aulladores, micos cariblancos, ratones silvestres, tigres y nutrias, manatíes, babillas, caimanes, iguanas, serpientes en decenas de clases y tortugas.

La parte afectada por la intervención ilegal se calcula en apenas 27 kilómetros cuadrados, proporcionalmente un terreno pequeño, pero lo suficientemente significativo para afectar a los habitantes de la desembocadura del río Fundación, los municipios de Aracataca, Sevilla, Caño Pancú y las ciénagas de La Mata, El Contrabando y La Solera, según información del Ministerio de Ambiente.

El daño al ecosistema movilizó a las instituciones colombianas, lideradas por el Ministerio de Ambiente, que retomaron el control de los 27 kilómetros afectados construyendo infraestructura favorable a la ciénaga, judicializando a los ilegales y creando espacios para que la comunidad trabaje en favor de la zona.

Según fuentes oficiales se han invertido unos 20 mil millones de pesos para la recuperación de la zona.

La presencia institucional ha precipitado la judicialización de 23 personas, la captura de 13, condenas a 58 meses de prisión contra dos personas, e igual condena a otras siete por delitos relacionados al aprovechaviento ilícito de recursos naturales.

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Terraplén Aguas Negras, una de las construcciones hechas por las entidades estatales para detener el daño ambiental. 

La Ciénaga Grande de Santa Marta es un conjunto de humedales que regula los niveles de agua del río Magdalena para que los terrenos no se inunden o no se resequen. Al alterar los suelos de la ciénaga con diques y terraplenes se impide el paso de agua, secando los terrenos, ocasionando sequías de las fuentes de agua, lo que afecta la pesca, y secando las tierras aptas para la agricultura de la que derivan su sustento cientos de campesinos.

Según Neder Julio Sarmiento, líder de San Rafael de Buenavista, corregimiento vecino de la ciénaga, los pescadores artesanales de la zona se han visto afectados por la intervención ilícita del humedal.

Sarmiento denuncia que desde hace varios años (la década de 1990) la población se ha visto afectada no solo por la intervención de agentes irregulares sino por reformas que los gobiernos nacional y local han hecho de la ciénaga.

“Las cosas se hacen sin consultar a las comunidades y eso nos ha afectado”, dice Sarmiento.

De igual manera, Alfredo Martínez, Subdirector de Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma Regional del Magdalena (Corpamag), alerta sobre la afectación al ecosistema como tal: el bosque de manglar, dice, se vio impactado por la intervención de los autores ilegales.

Una imagen sencilla para entender el impacto ambiental, según Martínez, es que en la Ciénaga es más el agua que se evapora que la que cae por la lluvia. Por eso el desvío deliberado de agua constituye una amenaza para el ecosistema. En la zona, y más en época de sequía, cada gota de agua es vital.

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Alfredo Martínez, Subdirector de Gestión Ambiental de Corpamag.

Una paradoja

Según autoridades ambientales de la zona, no ha sido fácil sintonizar a toda la población en favor de la ciénaga, o lo que es lo mismo, en contra de los actores ilegales. Quienes intervinieron los humedales son terratenientes con mucho dinero, y se dice con reserva, gente con nexos con actores armados.

Ellos dieron empleo a decenas de personas y cuando las autoridades tomaron control sobre las tierras ilícitas la población empleada en las fincas que mataban la ciénaga protestó.

Una autoridad local lo explica así: “Cuando cerramos esos cultivos la gente dijo que le habíamos caído a los que les pusieron luz eléctrica”.

Lo cierto es que el esfuerzo institucional beneficia a más gente que la afectada por el cierre de las fincas ilegales. Así lo manifiesta en entrevista con KienyKe.com el concejal electo de Remolino (Magdalena), Juan José Issa Macías.

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Juan José Issa Macías, concejal electo de Remolino (Magdalena).

El pasado cuatro de diciembre, el Ministerio de Ambiente y las entidades que conforman la Mesa Nacional de Control Ambiental Territorial realizaron una Feria Socio Ambiental en la zona urbana de Remolino con el fin de llevar a la comunidad brigadas de salud, culturales y ambientales.

Según el ministro de Ambiente, Gabriel Vallejo López, la mesa nacional “avanza en el control ambiental y territorial de la zona, en el fortalecimiento del Sistema Nacional Ambiental, en los procesos de judicialización a los responsables del deterioro ambiental y en los planes de recuperación del ecosistema”.

Durante la jornada se desarrolló una plenaria en la que las instituciones expusieron ante miembros de la comunidad sus avances en la recuperación de la Ciénaga Grande de Santa Marta.