Los hallazgos encontrados gracias a los miles de testimonios entregados por diversos actores del conflicto armado en Colombia, muestran la crudeza de una guerra en la que la población civil ha sido la más afectada. Este documento, realizado con el objetivo de reconocer, reconstruir y transformar mediante el diálogo social, expone además una serie de recomendaciones que son producto de un análisis profundo y de un trabajo de escucha a los protagonistas que han padecido en ‘carne propia’ las consecuencias de casi 60 años de violencia sin sentido.
Mediante 14mil entrevistas y más de 30mil conversaciones con personas de todos los sectores sociales, identidades étnicas y regiones del país, la Comisión de la Verdad pudo reunir muchas de las experiencias de las víctimas sobrevivientes del conflicto, así como de exmiembros de grupos armados ilegales y de la Fuerza Pública que han participado en la guerra. A pesar del miedo a los señalamientos, a las amenazas o a la criminalización, muchas de estas personas han tenido el coraje de enfrentarse con la verdad y dejar atrás el negacionismo histórico que ha producido un absurdo derramamiento de sangre y la violación sistemática de los derechos humanos de las poblaciones más vulnerables y excluidas en Colombia.
Gracias a la activación de un ‘gran diálogo’ nacional con víctimas, testigos y responsables que participaron en reuniones, talleres, actos de reconocimiento, encuentros privados y numerosas actividades públicas, la Comisión encontró una forma de ‘curar con las palabras’ y con otras formas de expresión que ocuparon el lugar del silencio impuesto durante décadas. De esta manera, se pudo comprender que el conflicto tiene una causa social y política, aceptando también que este tipo de espacios son fundamentales para dar un marco de sentido y hablar de manera clara y abierta de cara a la No Repetición.
El informe deja claro y enfatiza que la guerra no ha sido exclusiva entre grupos armados, sino que se ha perpetrado desde entramados y aparatos políticos y económicos que se han beneficiado durante todos estos años mediante dinámicas de poder y disputa por la tierra. La tan anhelada paz debe comenzar entonces por el esclarecimiento de la verdad y la creación de condiciones estructurales para la convivencia, donde las víctimas puedan contar sus historias, estableciendo una validación social del sufrimiento, así como un reconocimiento de responsabilidades por parte de los participantes del conflicto como un primer paso para consolidar el perdón como una instancia inicial en el largo recorrido de reconciliación entre los colombianos.
Mucho más que ‘simples números’
Si bien las cifras y datos arrojados en la investigación forman parte de una enorme cantidad de casos que en su momento fueron “un número más” dentro de las estadísticas del conflicto armado en Colombia, cada uno de los testimonios recogidos por la Comisión constituye una historia de dolor y sufrimiento que debe ser escuchada y respetada. Según el análisis del Proyecto JEP-CEV-HRDAG y del Centro Nacional de Memoria Histórica, 450.664 personas perdieron la vida entre 1985 y 2018 a causa del conflicto, de las cuales cerca del 80% fueron civiles y el 20% combatientes; sin embargo, esos datos no tuvieron en cuenta el número de desaparecidos que se conoce actualmente (121.000), lo que eleva la cifra de víctimas civiles a un 90%.
Dentro de las víctimas existe una enorme variedad de personas: las que han sido asesinadas por diferentes grupos armados o por agentes estatales, los desaparecidos y las familias que siguen buscando a sus seres queridos o que han sido testigos de los crímenes más atroces y que hoy, como sobrevivientes, pueden contar su historia casi de ‘milagro’. Evidentemente, este espacio de escucha y reconstrucción ha sido fructífero pues, según el informe, en los últimos años se ha logrado avanzar significativamente en materia de legislación sobre reparación a las víctimas, actos e investigaciones de memoria y una corriente nacional e internacional que acompaña estos esfuerzos realizados por las víctimas y las respuestas de algunas instituciones.
Además, las mismas víctimas han impulsado los efectos democratizadores de la justicia, a través de derechos de petición o declaraciones de estados de inconstitucionalidad de pueblos étnicos o población desplazada, logrando sentencias y respuestas administrativas por parte del Estado para indemnizar económicamente a algunas personas, particularmente a partir de la aprobación de la Ley 1448 de víctimas y restitución de tierras. En ese sentido, la Comisión recomienda realizar algunos ajustes normativos para garantizar esta reparación integral a través de la obtención de recursos que provengan de un impuesto transitorio y de un reajuste en la distribución actual del presupuesto de la Nación.
Otro de los puntos más importantes expuestos en el informe pasa por el señalamiento de los responsables y el modus operandi de los autores que, en muchas ocasiones, ha generado desconocimiento y, por ende, impunidad de los hechos cuando se trata de investigaciones y no de identificación por parte de víctimas o testigos. De acuerdo con los hallazgos presentados por la Comisión de la Verdad, mediante un estudio desarrollado por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se determinó que los principales perpetradores de homicidios son los grupos paramilitares, con aproximadamente el 45% de la responsabilidad (205.028 víctimas), las guerrillas fueron responsables de un 27% (122.813 víctimas) y los agentes estatales directamente del 12% (56.094 víctimas).
El reconocimiento de las responsabilidades, las acusaciones repartidas y la interpretación de las cifras provenientes de los testimonios entregados por las víctimas directas del conflicto armado deben servir como un primer momento de reflexión que, más allá de exponer los fríos números, permita encontrar algunas explicaciones de por qué ocurrieron estos hechos y conduzcan a oficializar estas versiones y a construir los primeros cimientos de la reconciliación.
Reconocer para no repetir
Si bien los estragos causados por el conflicto son enormes y cada vida perdida es irreparable, el esclarecimiento de la verdad es un proceso que ayuda a cicatrizar algunas heridas y a dignificar a las víctimas. Cada testimonio es una realidad innegable que reconstruye la historia de Colombia, mitiga el dolor y se convierte en una forma de resistencia frente a la crudeza de la guerra, permeada por intereses de poder político, narcotráfico y dinámicas donde la población civil ha quedado atrapada y sin ninguna escapatoria posible.
La diversidad de relatos expuestos por la Comisión de la Verdad es contundente y tienen como objetivo principal reconocer las causas del conflicto desde las diferentes visiones y desde el dialogo en las distintas regiones del país como instrumento de garantía y participación de las víctimas. El informe permite visibilizar las principales problemáticas durante el conflicto, pasando por el reclutamiento de niñas y niños por parte de grupos armados ilegales, por la violencia sexual cometida especialmente contra las mujeres como una demostración de poder y sometimiento, por el desplazamiento de campesinos y minorías étnicas de sus territorios e incluso por un racismo estructural que ha arrasado con las vidas de miles de personas afro y líderes y lideresas sociales que han sido masacradas por diferentes actores del conflicto, entre muchos otros.
Es por este motivo que la Comisión resalta la necesidad de que los esfuerzos se concentren en terminar la violencia aplicada a los actores políticos, ya que la violación de derechos humanos en este sentido impide que Colombia, como nación multicultural, tenga una democracia sólida y plural. Ante estas dificultades, el informe recomienda continuar con los caminos que abrió la Constitución de 1991 y que luego quedaron enmarcados en el Acuerdo de Paz firmado en 2016, procurando también que se protejan los derechos fundamentales de todos aquellos actores que quieran alzar su voz para manifestar sus inconformidades sin miedo a recibir amenazas o represalias contras sus vidas.
Asimismo, los ‘factores culturales’ han sido claramente marcados por la Comisión, refiriéndose al racismo, al clasismo, al patriarcado y a la precaria conciencia sobre el valor de la infancia, la adolescencia y la juventud como generadores de ‘daños acumulados’ a quienes han vivido históricamente bajo estos órdenes sin ser reconocida su humanidad e igualdad. Por este motivo, el cambio estructural debe comenzar por el reconocimiento de sus derechos y culturas, sin ocultar que los modos de actuación política y las mentalidades en gran parte de Colombia no han evolucionado al mismo ritmo de los logros alcanzados, además de que la guerra, la exclusión, la corrupción y el narcotráfico siguen mediando en la política, la economía, las relaciones sociales y la cultura en general.
Reparación integral con memoria, dignidad y responsabilidades
Gracias a la recopilación de los miles de testimonios de las víctimas y actores del conflicto armado a lo largo y ancho de Colombia, la Comisión de la Verdad elaboró algunas recomendaciones “para avanzar en la construcción de paz como un proyecto nacional”. El presidente electo, Gustavo Petro, presente durante la entrega del informe Final, recibió estas recomendaciones por parte del director de la entidad, Francisco de Roux, y manifestó que “esta aproximación a la verdad no puede ser considerada como un espacio de venganza, como si fuese una extensión de las mismas armas vueltas palabras o ideas” y que “los espacios de la verdad deben convertirse en espacios de reconciliación”.
Esa reconciliación, según la Comisión, debe empezar gracias a la implementación integral del Acuerdo Final de Paz y a la creación de un Ministerio para la Paz y la Reconciliación, donde existan políticas orientadas al reconocimiento de las víctimas y a la generación de condiciones de convivencia y de confianza entre la ciudadanía y el Estado. Además, dentro del informe se considera fundamental sentar diálogos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y desmantelar el paramilitarismo, propuestas también planteadas en los acuerdos de La Habana.
Otro aspecto para tener en cuenta es en materia de seguridad y defensa, el cual, según la Comisión, “debe concebir de forma diferente a las instituciones militares y policiales, en aras de garantizar una transición hacia la paz”. Para ello, es importante considerar la eliminación gradual del servicio militar obligatorio y reajustar las normativas para que la actividad de inteligencia cuente con controles civiles e independientes a los gobiernos y las fuerzas militares.
Pero sin duda, la recomendación más importante por parte de la Comisión de la Verdad tiene que ver con la memoria y la dignidad de las víctimas del conflicto armado que han padecido la guerra y, aún hoy en día, deben convivir con las consecuencias físicas y psicológicas. Es fundamental e imprescindible, tal como lo expone el informe, “garantizar el derecho a una memoria plural que reconozca las atrocidades del pasado, que contribuya a superar el dolor y el trauma y que haga frente a dinámicas de estigmatización, deshumanización y negacionismo que se estructuran como factores de persistencia”.
Por otra parte, para que la verdad sea completa y tenga el sentido que merece, entre estos reconocimientos por parte del Estado está el de la responsabilidad en las ejecuciones de personas inocentes presentadas como “muertas en combate”, llamadas “falsos positivos”. Esto es trascendental para la dignidad de las víctimas y su buen nombre, impidiendo de una vez por todas la ‘invisibilización’ y la construcción de ‘enemigos ficticios’ que generan el odio y la violencia sin sentido en los distintos sectores de la sociedad.
Finalmente, la Comisión le apuesta al diálogo y a la participación como herramienta central en la resolución de conflictos y como garantía de los derechos fundamentales, valorando también la movilización social y la protesta por parte de la sociedad, condenando así la violencia y la represión como respuesta constante y deshumanizada a la defensa de los derechos en Colombia. Cabe destacar que todo este trabajo debe ser respaldado mediante la participación ciudadana, la cual se incluye en el Informe Final entregado por la Comisión como “la principal herramienta para restablecer el tejido social y la confianza entre ciudadanos e instituciones”.
