Las aproximadamente 3.000 mujeres privadas de la libertad que hay actualmente en Venezuela son víctimas de las mismas irregularidades que los hombres durante su reclusión en el hacinado sistema penitenciario venezolano, pero además son discriminadas, aseguró la criminóloga venezolana Magaly Huggins.
“Parece que en donde más cerca estamos en nuestro país de alcanzar la igualdad de género es en la negación del acceso a la justicia y en la violación de todas las reglas”, dijo la especialista al presentar un informe en la mañana de este miércoles, en Caracas, sobre la situación de las reclusas venezolanas.
El derecho a la visita conyugal es uno de los privilegios que, según Huggins, solo tienen los hombres privados de la libertad en Venezuela, lo que, según la criminóloga, constituye una violación del derecho a la sexualidad de las reclusas.
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Sin embargo, entre las mujeres recluidas se producen embarazos. “Esto habla de un tránsito entre ambos espacios (masculino y femenino)”, dijo la especialista, quien hace referencia a lo que sucede en los centros para hombres que tienen anexos para mujeres o en los centros de detención preventiva donde conviven ambos géneros.
De acuerdo con Huggins, en algunos casos los encuentros son “consensuados”, pero en otros no. “Las violaciones dentro de las prisiones y anexos son causa frecuente de embarazo”, acotó.
A esto se suma otra irregularidad: en las cárceles para hombres con anexos para mujeres, las áreas de disfrute, como piscinas y parques, son solo para los reclusos masculinos.
Sin servicios y hacinadas
El centro de detención preventiva de Los Robles, en el estado Nueva Esparta, tiene capacidad para 15 personas, pero es habitado por 38 reclusas. El agua por tuberías, un servicio que falla en buena parte del país, llega a este centro cada dos semanas.
En algunos lugares las reclusas duermen hasta en los baños. En medio del hacinamiento, la solidaridad ha salido a relucir. “Cocinamos para todas, así sea un poquito para cada una”, le contó al equipo liderado por Huggins una de las mujeres privadas de la libertad consultadas para la investigación.
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Sin embargo, por falta de espacio, se produce una nueva violación: a las mujeres no se les permite tener a sus hijos menores de tres años con ellas, aunque así lo contemple la ley.
“Se viola tanto el debido proceso y las normativas que son llevadas a cárceles y anexos lejanos a sus casas, barrios. Las familias (madres o hermanas) no las pueden visitar porque quedan a cargo de los hijos; los maridos se fueron, si existían, aunque en la mayoría de los casos no existen”, relata Huggins.
Las féminas constituyen el 6% de la población penitenciaria del país caribeño y están distribuidas en dos centros para mujeres (el más conocido de ellos es el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), en el estado Miranda), así como en anexos a las cárceles masculinas y en centros de detención preventiva.
En su mayoría, de acuerdo con la investigación de Huggins, las mujeres han cometido delitos relacionados con el tráfico de drogas en calidad de cómplices. En segundo lugar están las que cometieron delitos relacionados con robos y venta de objetos robados. “Pocas, pero significativas, están por homicidio”, dijo Huggins.
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Entre ellas está una mujer embarazada que, según el relato de la especialista, perdió a su hijo por una paliza que le propinó su marido, al cual mató con un cuchillo.
“No es casualidad que haya tantos casos que tienen la violencia de pareja como centro”, dijo Huggins, quien se refirió a otro de los problemas del sistema penitenciario y del Estado venezolano en general: la falta de cifras. Debido a esto no es posible precisar cuántas de las reclusas venezolanas están procesadas o condenadas.
La organización Una Ventana a la Libertad (UVAL), cuyos investigadores en 15 estados del país colaboraron con Huggins en la elaboración del informe, ha denunciado que los centros de detención preventiva se han convertido en un sistema penitenciario paralelo, luego de que las autoridades penitenciarias suspendieran los traslados por falta de cupo en las prisiones.
Para el año 2017, esta organización contabilizaba que de los casi 6.000 privados de libertad en calabozos dependientes de alcaldías o policías, cerca de 1.000 eran mujeres. “Sin ningún tipo de auxilio, ni salud (…), sin control sanitario”, acotó Huggins.
Las 48 horas reglamentarias que los privados de libertad deberían pasar en estos espacios, en los casos de algunas mujeres se han convertido en hasta cinco años.
La investigación realizada por la criminóloga a finales de 2018 recogió los testimonios de mujeres en 174 centros de detención preventiva.
