El martes pasado Pablo Bustos, director de la Red de Veedurías Ciudadanas, se presentó ante la sala plena del Consejo de Estado. Habló con vehemencia durante 40 minutos y dijo que el ex congresista costeño Javier Cáceres Leal había montado una estructura de corrupción sobre los recursos de la salud a través de Etesa y que, además, había llegado al Congreso de la mano de los paramilitares en relaciones que se prolongaron en al menos cuatro años.
Cáceres habló también durante 40 minutos. Repudió el proceder de Bustos, rechazó sus argumentos y dijo que jamás había faltado a la ley. En medio de sus palabras, soltó un llanto con el que quiso estremecer el auditorio y conmover a los asistentes. Por ahora, la justicia tiene la palabra.
Pero, ¿quién es este hombre que tiene contra las cuerdas a varios políticos del país? La suya es una historia en la que se conjugan la terquedad y el peligro. La terquedad, que hace que sus pesquisas sólo terminen cuando encuentran causa en un tribunal. Y el peligro, porque su actividad es una de las más odiadas en un país donde sobresale la corrupción.
Si le hubiera correspondido vivir en el tiempo de los césares de Roma, Pablo Bustos habría sido considerado un Catón, como llamaban en aquella época a los fisgones que escrutaban el manejo de los recursos públicos y terminaban convertidos en la piedra en el zapato del Imperio.
Los resultados de su tenacidad saltan a la vista. Fue él quien interpuso la acción de pérdida de investidura para conseguir la muerte política del senador Iván Moreno Rojas, por su participación en el “carrusel” de la contratación en Bogotá.
Este hombre ha incomodado al poder desde hace 15 años. Descubrió que su vida no se podía limitar a dictar clases de Derecho en la Universidad Autónoma y pronto asumió el rol de un auténtico veedor ciudadano.
En su vetusta oficina del viejo edificio donde mantiene su Red de Veedurías, este abogado y filósofo de la Universidad de los Andes ha emprendido peleas solitarias contra políticos que no respetan la cosa pública. Su despacho está repleto de copias de derechos de petición.
Bustos se estrenó en el Proceso 8.000. Lo rodean las figuras talladas en madera de elefantes y mogollas, estas últimas recuerdan que fue quien rondó sin tregua las actuaciones de Heyne Mogollón, el representante a la cámara que cobró notoriedad como el Juez que absolvió al presidente Ernesto Samper en el proceso 8.000.
En épocas del gobierno Samper, Pablo Bustos, encabezó marchas en contra del gobierno por el proceso 8.000.
En otra foto, de 1995, aparece recogiendo firmas para citar a un primer referendo que convocara a nuevas elecciones con el propósito de que Samper dejara el poder. Y aunque fracasó en su intento, su poder cívico alcanzó la fama.
En 1998 promovió la pérdida de investidura del congresista Carlos Oviedo Alfaro por sus ausencias a las sesiones del Congreso por hallarse privado de la libertad donde respondía por múltiples crímenes.
En el 2000 asumió el caso conocido como ‘El Pomaricazo’. Aquel hecho de corrupción protagonizado por los representantes Armado Pomárico, Juan Ignacio Castrillón y Octavio Carmona en 1999, quienes suscribieron más de 60 contratos irregulares desde la mesa directiva del Congreso a la que pertenecían. El hecho originó la pérdida de investidura de los tres congresistas. Gracias a una demanda suya, el Consejo de Estado le dio muerte política al ex presidente de la Cámara Emilio Martínez por abusos en la utilización del presupuesto oficial.
Un año más tarde, en 2002, ganó una nueva demanda. Esta vez contra el ex alcalde de Barranquilla Bernardo Hoyos, por violar las normas de contratación. Esta parecía una misión imposible, porque amparado en su creciente popularidad el cura se abrogaba el derecho de descalificar a sus opositores desde su púlpito del Rincón Latino, en una zona deprimida de Barranquilla.
A Bogotá no la ha abandonado. Enfocó sus dardos contra los concejales Yudy Consuelo Pinzón, Lilia Camelo y William Cubides, quienes fueron capturados en diciembre de 2002 cuando recibían cien millones de pesos por legislar en favor de los vendedores ambulantes de Bogotá. Los tres perdieron su investidura y Pablo Bustos ganaba una nueva batalla.
Ante la arremetida de este veedor, algunos políticos se empeñaron en descalificarlo y señalarlo de hacerles favores a otros políticos que, al parecer, le dirigían sus investigaciones y le pagaban por sus denuncias. Esto no incomodó al Veedor porque, según él, jamás su Red ha recibido un peso de nadie, mucho menos por debajo de la mesa. Basta verle la modesta vida que lleva, construida con base en la herencia que le dejó su padre, un aplicado funcionario público.
El veedor Pablo Bustos, como pocos, puso contra las cuerdas a el ex senador Javier Cáceres.
En 2003 Bustos sufrió una gran derrota. Con documentos en mano quiso demostrar que más de 204 congresistas, que habían elegido al contralor Carlos Ossa Escobar, impusieron sus cuotas políticas en ese ente fiscalizador. El Consejo de Estado no acogió sus argumentos, mientras que la Procuraduría sancionó con multas irrisorias tan sólo a siete de ellos. Bustos bajó la cara y pensó en su retiro.
“Mi mayor derrota es la impunidad”, dice, “pero seguiré dando batallas contra los corruptos”. En 2004 jugó con candela. Quiso llevar hasta las últimas consecuencias sus investigaciones para demostrar la relación directa del gobierno de Álvaro Uribe con algunos grupos paramilitares.
Las amenazas no se hicieron esperar y el Veedor terminó asilado en el Canadá, donde aprovechó para estudiar inglés, criminología y realizar consultorías en temas relacionados con el fenómeno de la inmigración.
El año pasado regresó al país sin su familia, aspiró al Senado y perdió. No tuvo el respaldo social que creyó tener. Pero retomó su destino. Un destino del que no piensa volver a apartarse porque la lucha contra la impunidad y la corrupción es su obsesión. La única compañía, por el momento, es un escolta que lo sigue a todos lados; mientras tanto, la gente lo evade por temor a contaminarse de Pablo Bustos. Él sigue. No se detiene.
En épocas del gobierno Samper, Pablo Bustos, encabezó marchas en contra del gobierno por el proceso 8.000.
En otra foto, de 1995, aparece recogiendo firmas para citar a un primer referendo que convocara a nuevas elecciones con el propósito de que Samper dejara el poder. Y aunque fracasó en su intento, su poder cívico alcanzó la fama.
En 1998 promovió la pérdida de investidura del congresista Carlos Oviedo Alfaro por sus ausencias a las sesiones del Congreso por hallarse privado de la libertad donde respondía por múltiples crímenes.
En el 2000 asumió el caso conocido como ‘El Pomaricazo’. Aquel hecho de corrupción protagonizado por los representantes Armado Pomárico, Juan Ignacio Castrillón y Octavio Carmona en 1999, quienes suscribieron más de 60 contratos irregulares desde la mesa directiva del Congreso a la que pertenecían. El hecho originó la pérdida de investidura de los tres congresistas. Gracias a una demanda suya, el Consejo de Estado le dio muerte política al ex presidente de la Cámara Emilio Martínez por abusos en la utilización del presupuesto oficial.
Un año más tarde, en 2002, ganó una nueva demanda. Esta vez contra el ex alcalde de Barranquilla Bernardo Hoyos, por violar las normas de contratación. Esta parecía una misión imposible, porque amparado en su creciente popularidad el cura se abrogaba el derecho de descalificar a sus opositores desde su púlpito del Rincón Latino, en una zona deprimida de Barranquilla.
A Bogotá no la ha abandonado. Enfocó sus dardos contra los concejales Yudy Consuelo Pinzón, Lilia Camelo y William Cubides, quienes fueron capturados en diciembre de 2002 cuando recibían cien millones de pesos por legislar en favor de los vendedores ambulantes de Bogotá. Los tres perdieron su investidura y Pablo Bustos ganaba una nueva batalla.
Ante la arremetida de este veedor, algunos políticos se empeñaron en descalificarlo y señalarlo de hacerles favores a otros políticos que, al parecer, le dirigían sus investigaciones y le pagaban por sus denuncias. Esto no incomodó al Veedor porque, según él, jamás su Red ha recibido un peso de nadie, mucho menos por debajo de la mesa. Basta verle la modesta vida que lleva, construida con base en la herencia que le dejó su padre, un aplicado funcionario público.
El veedor Pablo Bustos, como pocos, puso contra las cuerdas a el ex senador Javier Cáceres.
En 2003 Bustos sufrió una gran derrota. Con documentos en mano quiso demostrar que más de 204 congresistas, que habían elegido al contralor Carlos Ossa Escobar, impusieron sus cuotas políticas en ese ente fiscalizador. El Consejo de Estado no acogió sus argumentos, mientras que la Procuraduría sancionó con multas irrisorias tan sólo a siete de ellos. Bustos bajó la cara y pensó en su retiro.
“Mi mayor derrota es la impunidad”, dice, “pero seguiré dando batallas contra los corruptos”. En 2004 jugó con candela. Quiso llevar hasta las últimas consecuencias sus investigaciones para demostrar la relación directa del gobierno de Álvaro Uribe con algunos grupos paramilitares.
Las amenazas no se hicieron esperar y el Veedor terminó asilado en el Canadá, donde aprovechó para estudiar inglés, criminología y realizar consultorías en temas relacionados con el fenómeno de la inmigración.
El año pasado regresó al país sin su familia, aspiró al Senado y perdió. No tuvo el respaldo social que creyó tener. Pero retomó su destino. Un destino del que no piensa volver a apartarse porque la lucha contra la impunidad y la corrupción es su obsesión. La única compañía, por el momento, es un escolta que lo sigue a todos lados; mientras tanto, la gente lo evade por temor a contaminarse de Pablo Bustos. Él sigue. No se detiene.
