La escasa diferencia entre los votos obtenidos en la consulta anticorrupción y el umbral que debía alcanzar significan un mensaje claro para el Estado colombiano y en particular al Congreso de la República que tendrá que hacerle caso a la voz de los cerca de 11 millones 700 mil colombianos que se pronunciaron a favor de las preguntas planteadas y que obtuvieron más del 95 por ciento de votos por el Si.
El martes los siete mandatos serán entregados en forma de proyectos de ley ante el propio presidente Iván Duque y la secretaría general de una de las dos cámaras por parte de las promotoras de la consulta, Claudia López y la Representante a la Cámara Angélica Lozano. Las dos consideran que el mandato popular es claro y el órgano legislativo no podrá hacer caso omiso a él.
De las siete preguntas formuladas en la consulta, solo la número 7 que reducía a tres los períodos de los congresistas obtuvo una votación por debajo de los seis restantes que superaron los once millones 420 mil votos.
Las autoras de la consulta consideran que los resultados son un triunfo para la lucha contra la corrupción. “El cambio es imparable, es una zarandeada de la ciudadanía que no le camina a los corruptos, porque ya no come entero” dijo Angélica Lozano, mientras Claudia Lozano además de la impresionante votación destacó como se votó de manera ejemplar en la que “por primera vez en la historia de Colombia la jornada se llevó a cabo sin hechos violentos, sin denuncias de compra o trasteo de votos”.
El crecido número de votantes en la consulta es el más alto alcanzado en una jornada de este tipo en Colombia, ningún candidato ha ganado la presidencia de la república con una cifra similar. El presidente Iván Duque fue elegido con 10 millones setecientos mil votos. El propio Registrador Nacional Juan Carlos Galindo dijo que ahora lo que sigue es verificar el tema del umbral y que la última palabra la tiene el Consejo Nacional Electoral que deberá estudiar la posibilidad o no de que la consulta haya logrado pasar el umbral. Desde ya se prevé que la decisión es que
no se logró.
La presidente del Consejo Nacional Electoral Yolima Carrillo informó que ya fueron instaladas las comisiones escrutadoras y el próximo miércoles se le informará al país el resultado final con el 100 por ciento de las mesas escrutadas.
Otra de las tareas que se le plantea al Congreso es la de revisar la forma como han fijado el umbral para las consultas, en una función que ejercen desde la Constituyente de 1991 que les dio ese mandato. De acuerdo con los resultados, para algunos expertos, s hora de revisar ese umbral que se fijó porque es demasiado alto.
De otro lado para los opositores del Centro Democrático, los partidos liberal, el conservador, el de la U y Cambio Radical los resultados significan una derrota, en particular para quienes vaticinaron el fracaso en la votación y calificaron de inútil la convocatoria, que de salir mal significaría un despilfarro de 310.479 millones de pesos que fue el costó la jornada.
Uno de los ganadores de la jornada, además de Claudia López y Angélica Lozano, fue indudablemente el Registrador Galindo quien se retiró de Corferias, el mayor centro de votación del país, en medio de aplausos. En prácticamente una hora el país ya sabía si se pasaba o no el umbral de votos y antes de las siete de la noche del domingo, ya había entregado el 99.85% de los resultados.
Antonio Navarro Wolf indicó que el crecido número de votos tiene mucho que ver con la participación de los jóvenes colombianos y los nuevos partidos que trabajaron de manera voluntaria para lograr un cambio real en las costumbres políticas del país y que luchan por un futuro sin corrupción.
En los resultados lo que si no logró reducirse fue el resultado de la abstención, que en esta oportunidad alcanzó 66 por ciento del total del censo electoral. La participación en estas jornadas sigue siendo bajo.
El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, aprovechó la alta votación de la consulta para pedir que avance la aprobación del proyecto que su despacho presentó para combatir la corrupción y que viene haciendo trámite en el Congreso y que ya fue aprobado en la Cámara de Representante y pasa al Senado.
El proyecto que ya se encuentra en trámite, entre otros contempla aspectos como la tipificación del concierto para delinquir agravado cuando las actuaciones afecten el patrimonio del estado y el establecimiento de penas de prisión entre 8 y 18 años, la obligación para los contadores, supervisores y encargados de control interno en las entidades del estado para que ante cualquier sospecha de corrupción informen a la UIAF y en caso de no hacerlo pagar penas entre tres y seis años de cárcel, así como la privación de la libertad para quien sustraiga o divulgue información confidencial, reservada o sujeto de reserva del sumario en casos de corrupción, y penas para quienes en razón de su trabajo de contabilidad faciliten el ocultamiento de bienes.
