La Defensoría del Pueblo rechazó los recientes hechos de violencia registrados en el corregimiento San José de los Chorros, en zona rural del municipio de Rionegro, Santander, donde se reportaron homicidios, torturas y amenazas contra la población civil en medio de la presencia de grupos armados ilegales.
De acuerdo con la entidad, los hechos ocurrieron el pasado 22 de marzo y estarían relacionados con la incursión de presuntos integrantes del grupo autodenominado Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN), quienes habrían ingresado al territorio por el río Lebrija hasta el sector conocido como El Muelle.
Según los reportes conocidos por la Defensoría, hombres armados retuvieron a un ciudadano, lo sometieron a actos de tortura y posteriormente le causaron la muerte, tras señalarlo de pertenecer al Clan del Golfo. Horas después, se conoció de un segundo homicidio en la misma zona, lo que evidencia un escalamiento de la violencia en este territorio.
La entidad advirtió que estos hechos no solo representan graves afectaciones a la vida e integridad de las víctimas, sino que han profundizado el temor y la zozobra entre los habitantes del corregimiento, quienes ahora enfrentan un contexto de alta vulnerabilidad.
Además de los homicidios, la población civil ha sido objeto de amenazas, estigmatización y señalamientos. De acuerdo con la Defensoría, algunos habitantes fueron acusados de permitir el tránsito de integrantes del Clan del Golfo, lo que incrementa el riesgo de retaliaciones por parte de los grupos armados.
En paralelo, se conocieron presuntas intimidaciones por parte del ACSN, cuyos integrantes habrían manifestado su intención de confrontar violentamente a estructuras del Clan del Golfo, incluso en medio de la población civil. Estas advertencias incluyen posibles acciones de carácter masivo contra personas señaladas de colaborar con el grupo contrario.
La Defensoría del Pueblo alertó que estas conductas constituyen presuntas infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH), en particular por el desconocimiento del principio de distinción, que obliga a los actores armados a no involucrar a la población civil en las hostilidades.
A esto se suman denuncias sobre posibles casos de privación arbitraria de la libertad y amenazas contra líderes y lideresas sociales, a quienes se les habría restringido la movilidad durante varias horas, agravando aún más la situación de riesgo en la zona.
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Frente a este panorama, la entidad hizo un llamado urgente a los grupos armados ilegales, especialmente al ACSN y al Clan del Golfo, para que cesen de manera inmediata las acciones de violencia, intimidación y control social sobre la población civil, y respeten las normas del DIH.
Asimismo, recordó que ya había advertido sobre estos riesgos mediante la Alerta Temprana 016 de 2025, en la que señalaba posibles escenarios de confrontación entre grupos armados ilegales en esta región.
Finalmente, la Defensoría instó a la Alcaldía de Rionegro, a la Gobernación de Santander y al Gobierno Nacional a implementar medidas urgentes para proteger a la comunidad, prevenir nuevas violaciones de derechos humanos y garantizar una presencia institucional efectiva que permita superar la crisis humanitaria que enfrenta esta población.
