A pocos días de que Gustavo Petro entregue la Presidencia, el Gobierno electo de Abelardo de la Espriella encendió las alertas por la orden de trasladar $4 billones al presupuesto de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD.
Según el comunicado del equipo entrante, los recursos serían utilizados para atender los efectos del fenómeno de El Niño mediante proyectos de energía solar. Sin embargo, la magnitud de la suma, la cercanía del cambio de Gobierno y los antecedentes recientes de la entidad llevaron al denominado Empalme Anticorrupción a solicitar una vigilancia preventiva inmediata.
“La premura no es una justificación: es, precisamente, la señal más preocupante”, señaló el Gobierno electo al cuestionar el tiempo disponible para estructurar, contratar y supervisar proyectos por ese valor.
Piden revisar cada peso antes de cualquier adjudicación
El equipo de De la Espriella solicitó a los organismos de control verificar la legalidad del traslado presupuestal y establecer mecanismos que permitan seguir el recorrido de los recursos antes de que se produzca cualquier adjudicación.
La petición está dirigida a evitar que el dinero sea comprometido sin estudios técnicos suficientes o sin las garantías necesarias para ejercer una supervisión efectiva.
El Gobierno electo no rechazó la necesidad de atender los efectos de El Niño ni la implementación de soluciones energéticas. Su cuestionamiento se concentró en la forma, los tiempos y la entidad seleccionada para manejar una suma equivalente a $4 billones.
“Exigimos a los entes de control ejercer vigilancia preventiva inmediata sobre este traslado presupuestal, verificar la legalidad del proceso y garantizar la trazabilidad de cada peso”, indicó el comunicado.
El antecedente de los carrotanques
Una de las principales razones expuestas por el equipo entrante es el historial reciente de la UNGRD, entidad que quedó en el centro del escándalo por la compra de carrotanques destinados a llevar agua potable a comunidades de La Guajira.
Las investigaciones alrededor de ese caso revelaron presuntas irregularidades contractuales, sobrecostos y posibles pagos de sobornos. Por esa razón, el Gobierno electo considera que cualquier nueva asignación multimillonaria debe estar acompañada de controles reforzados.
Para el Empalme Anticorrupción, entregar una suma de esta magnitud a una entidad cuestionada exige garantías adicionales de planeación, transparencia y seguimiento.
El comunicado advierte que, debido a la cercanía del 7 de agosto, el Gobierno saliente tendría un margen reducido para estructurar adecuadamente los proyectos y asegurar la vigilancia sobre su ejecución.
Un nuevo frente en el empalme
El pronunciamiento abre otro capítulo dentro del proceso de transición entre el Gobierno Petro y la administración de Abelardo de la Espriella.
Desde que comenzó el empalme, el presidente electo ha insistido en revisar contratos, movimientos presupuestales y decisiones administrativas tomadas durante los últimos meses del Gobierno saliente.
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En este caso, el equipo entrante dejó claro que no pretende esperar a la posesión para advertir sobre operaciones que puedan comprometer las finanzas públicas de la próxima administración.
“El Gobierno de la Patria Milagro no recibirá en silencio decisiones que comprometan los recursos públicos en los últimos días de una administración que ya tiene demasiadas preguntas sin responder”, sostuvo.
“Gobernar hasta el último día” bajo vigilancia
El Gobierno electo reconoció que la administración de Gustavo Petro conserva plenamente sus facultades hasta el final del mandato. No obstante, aseguró que el ejercicio de esas competencias no puede traducirse en movimientos apresurados de recursos públicos.
“Gobernar hasta el último día no puede significar disponer irresponsablemente de billones de pesos del pueblo colombiano”, concluyó el comunicado.
Ahora, la atención estará puesta en la respuesta del Gobierno saliente, los documentos técnicos que sustentan el traslado y las actuaciones que adopten la Contraloría, la Procuraduría y los demás organismos de control.
Para el equipo de Abelardo de la Espriella, el punto central será establecer si los $4 billones cuentan con una destinación claramente definida, proyectos suficientemente estructurados y controles que garanticen que cada recurso llegue al propósito anunciado.
