Más de 11.000 personas resultaron afectadas en 83 ataques contra la educación en Colombia el año pasado, denunció este jueves la ONG Consejo Noruego para Refugiados (NRC, por sus siglas en inglés).
Los ataques, detalló el NRC en un comunicado, impactaron 104 sedes educativas ubicadas en nueve de los 32 departamentos del país. Según la organización, en 2025 la vida de un estudiante y un docente en Colombia estuvo en peligro cada hora.
“Es una cuestión de vida o muerte que se tomen medidas inmediatas para evitar ataques a las escuelas, mientras los grupos armados luchan por el control en el país”, expresó el director del NRC en Colombia, Giovanni Rizzo.
El experto señaló que “la situación sigue siendo crítica y es totalmente inaceptable”, porque no ve “un cambio real y duradero en los territorios” hasta que cada una de las partes del conflicto deje de tratar a las escuelas como objetivos.
“Las escuelas deben permanecer fuera de los límites de la violencia. Es hora de que las obligaciones de las partes en conflicto se transformen en acciones eficaces para proteger el futuro de Colombia”, añadió Rizzo.
¿Qué tipo de ataques se registraron?
Entre los ataques hubo enfrentamientos armados en los terrenos de las escuelas, la utilización de explosivos en los centros educativos y su uso como bases militares.
“Los enfrentamientos empezaron cuando todavía estábamos en clase. Uno de los grupos armados se metió directamente en la escuela”, dijo un profesor del departamento del Chocó (oeste) al NRC.
El maestro agregó: “Les rogamos que se fueran, pero no escucharon. Cuando terminaron los combates, nos tocó a nosotros limpiar las secuelas: recoger casquillos de balas, ropa de combatientes y los desechos que habían dejado en nuestros salones”.
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Ocupación con fines militares y cierres de clases
Según el NRC, durante 2025 cada dos semanas hubo una escuela en Colombia que fue utilizada u ocupada con fines militares. Esto no solo provocó el cierre de los salones de clase, sino que además comprometió el derecho de los niños a la educación y, en algunas ocasiones, a la alimentación.
“La educación no puede esperar a que las armas se silencien: es una cuestión de supervivencia. El Estado y la comunidad internacional no pueden permitirse fallarle a estas niñas y niños. Debemos garantizar que las escuelas sean verdaderos entornos seguros, donde los servicios de educación, alimentación y salud nunca se detengan”, concluyó Rizzo. EFE
