Más de 170.000 personas viven confinadas en Colombia desde enero de 2025 debido al conflicto armado, una estrategia utilizada por los grupos ilegales para ejercer control, especialmente en zonas rurales, alertaron organizaciones humanitarias internacionales este martes.
"En los últimos 10 años, 700.000 personas se han visto en situación de confinamiento, es decir, sin libertad de movimientos ni acceso a medios de vida y servicios básicos debido al conflicto", explicó a EFE el gerente de la alianza humanitaria Consorcio de Respuesta a Emergencias Mire Más, Boris Aristín.
Durante la presentación de la exposición fotográfica ‘Atrapados en sus territorios’, las organizaciones instaron a las autoridades colombianas y a la comunidad internacional a mantener la atención sobre estas poblaciones, cuya protección y supervivencia, advirtieron, dependen de una respuesta humanitaria urgente.
Las zonas más afectadas
Los departamentos más golpeados por estas situaciones de confinamiento son Chocó, Cauca, Valle del Cauca, Bolívar y Norte de Santander, donde amplias zonas rurales permanecen inaccesibles para gran parte de la población como consecuencia de la violencia.
"El trabajo diario del consorcio es llegar a áreas de difícil acceso donde otros actores no llegan, para complementar la acción del Estado y brindar servicios básicos como salud, seguridad alimentaria, asistencia legal, apoyo psicosocial y educación", detalló Aristín.
Un porcentaje significativo de los afectados pertenece a comunidades indígenas y afrocolombianas. Además, la organización advirtió que durante los confinamientos aumentan los riesgos de violencia basada en género y de reclutamiento forzado, especialmente para mujeres y niños.
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Una crisis humanitaria persistente
Colombia tiene actualmente la tercera mayor cantidad de personas desplazadas internas en el mundo, por lo que resulta alarmante la magnitud de quienes se ven obligados a sobrevivir aislados, soportando enfermedades y con una necesidad urgente de ayuda humanitaria, afirmó el gerente de Mire Más.
Así, el derecho a la libre circulación, según las organizaciones, se ha convertido en un privilegio condicionado por la presencia de grupos armados, particularmente en el occidente del país.
"El confinamiento es silencio, interrupción de la vida cotidiana, imposibilidad de realizar actividades diarias, no poder acceder a servicios médicos o a terrenos para labores agrícolas, y también genera falta de perspectiva y motivación en las comunidades", concluyó Aristín. EFE
