Una juez penal de conocimiento de Bogotá emitió sentido de fallo condenatorio contra Ottomar Lascarro Torres por su participación en el caso de corrupción de Centros Poblados. Según la Fiscalía General de la Nación, el empresario prestó información de sus empresas para facilitar la conformación de la unión temporal que obtuvo un contrato de conectividad rural con el MinTIC.
Una nueva decisión en el caso Centros Poblados
El caso Centros Poblados sumó una nueva decisión judicial. La Fiscalía informó que, con base en las pruebas presentadas durante el juicio oral, una juez penal de conocimiento de Bogotá declaró responsable a Ottomar Lascarro Torres por los delitos de enriquecimiento ilícito, fraude procesal y falsedad en documento privado.
La decisión está relacionada con el contrato 1043 de 2020, suscrito entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la Unión Temporal Centros Poblados Colombia 2020. El proyecto, por cerca de un billón de pesos, tenía como objetivo llevar internet a más de 7.000 escuelas rurales del país.
De acuerdo con el ente acusador, Lascarro Torres intervino de manera irregular en la conformación de esa unión temporal. La Fiscalía sostuvo que el empresario aportó los nombres, la experiencia y la información financiera de dos empresas de su propiedad para acreditar una capacidad técnica y una trayectoria que permitieran presentar la propuesta ante el Ministerio.
Con esa documentación, según la investigación, los funcionarios del MinTIC fueron inducidos a error y terminaron adjudicando el contrato de conectividad rural a la unión temporal.
El pago que recibió y lo que buscaba obtener
La Fiscalía señaló que, por esas actuaciones, Lascarro Torres recibió cerca de 250.000 dólares, transferidos a una cuenta suya en Estados Unidos. Además, el ente investigador indicó que el empresario pretendía recibir cerca de 4.000 millones de pesos por su participación en la maniobra.
El caso hace parte del escándalo de Centros Poblados, que se conoció públicamente tras las irregularidades en el contrato de conectividad rural adjudicado durante el gobierno de Iván Duque. El proyecto terminó en el centro de investigaciones penales, disciplinarias y fiscales por la presentación de garantías falsas, el giro de un anticipo superior a 70.000 millones de pesos y el incumplimiento del objeto contractual.
En 2021, el MinTIC declaró la caducidad del contrato y anunció acciones para recuperar los recursos públicos comprometidos. Posteriormente, los organismos de control y la Fiscalía avanzaron en procesos contra particulares y exfuncionarios relacionados con la etapa precontractual, la ejecución y la supervisión del proyecto.
Con el sentido de fallo condenatorio, el proceso contra Lascarro Torres entra ahora en una etapa clave. El juzgado deberá fijar la audiencia en la que se conocerá el monto de la pena que deberá cumplir el empresario por los delitos por los que fue declarado responsable.
La decisión no cierra el caso Centros Poblados, pero sí marca un nuevo avance judicial frente a uno de los expedientes de contratación pública más recordados de los últimos años en Colombia.
