En Bogotá, cada 24 horas se registra un caso de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes (NNA). Esta cifra, reportada recientemente por el Concejo de Bogotá, no solo es alarmante, sino que refleja una tragedia silenciosa que se repite día tras día en los rincones de la capital y del país. Cuando se dice que “un caso diario” ocurre en una ciudad que pretende ser moderna, abierta y garante de derechos, lo que realmente se está señalando es un fracaso colectivo: de las instituciones, de la política pública y de la sociedad que ha permitido que la niñez siga siendo vulnerada en su derecho más elemental, el de crecer sin violencia ni explotación.
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) ha fortalecido en 2025 acciones de prevención contra la explotación sexual comercial de NNA, con campañas, atención psicosocial y mecanismos de denuncia. Sin embargo, la persistencia del fenómeno muestra que no basta con reaccionar: se requiere un enfoque integral que articule justicia, educación, salud, cultura y, sobre todo, voluntad política. Las estadísticas no pueden convertirse en números fríos que se mencionan cada septiembre, en el Día contra la Explotación Sexual, sino en un llamado urgente a replantear estrategias y a actuar con contundencia.
El problema, además, es estructural. Según datos de UNICEF y de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), América Latina concentra un alto porcentaje de casos de explotación sexual infantil en línea y presencial. Colombia, por su ubicación geográfica, el turismo sexual y la migración, se ha convertido en un escenario crítico. El turismo depredador y la trata de personas con fines de explotación sexual siguen siendo variables de peso que afectan, en particular, a niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad.
En el caso de Bogotá, la situación es aún más preocupante porque la capital concentra dinámicas urbanas de exclusión, pobreza, migración forzada y ausencia de redes comunitarias de protección. Las localidades de mayor vulnerabilidad muestran un patrón reiterado: allí donde hay falta de oportunidades educativas y laborales, crecen los riesgos de captación por redes criminales dedicadas a la explotación sexual.
Por ello, en el año 2020 presenté un Proyecto de Acuerdo en el Concejo de Bogotá sobre la prevención y atención integral de la explotación sexual comercial de NNA, el cual no solo fue oportuno, sino necesario. Desde su concepción, esta iniciativa buscaba sentar bases normativas claras para que la ciudad fortaleciera su respuesta institucional y reconociera la gravedad del fenómeno como una prioridad de política pública. La idea no era un simple ejercicio declarativo, sino un instrumento concreto para articular esfuerzos entre Secretaría de Educación, Secretaría de Salud, ICBF, Fiscalía y organizaciones sociales.
En la exposición de motivos del proyecto se resaltaba una verdad incómoda: mientras los casos crecen, las instituciones responden de manera fragmentada. No hay un sistema articulado que permita identificar riesgos, prevenir a tiempo y acompañar con efectividad a las víctimas. Por eso, el acuerdo proponía la creación de un observatorio distrital, la implementación de protocolos obligatorios en colegios, la articulación de rutas de atención y campañas masivas de sensibilización.
Lo más valioso de esa iniciativa es que entendía que la prevención no puede limitarse a un cartel en el colegio o a una charla ocasional. La prevención implica transformar narrativas, desmontar estigmas y construir entornos protectores. El proyecto también proponía la capacitación a docentes y directivos escolares para detectar señales tempranas de explotación, así como el fortalecimiento de la articulación con la justicia, para que los casos no quedaran en la impunidad.
Ahora bien, de acuerdo con datos presentados por el Concejo, en Bogotá se han registrado más de 1.830 reportes de conducta suicida en menores en apenas tres meses de 2025, y parte de esos casos se relacionan con antecedentes de violencia sexual y explotación. Es decir, la explotación no solo destruye la infancia en el presente, sino que deja secuelas profundas que amenazan incluso la vida misma de los jóvenes.
El ICBF, en su último balance, informó que en Colombia la explotación sexual comercial sigue afectando a miles de menores, y que Bogotá es uno de los epicentros. A nivel nacional, entre 2023 y 2024 se registraron más de 4.000 casos de víctimas identificadas en programas de protección, con una mayoría de adolescentes mujeres entre los 12 y 17 años. Estas cifras son apenas la punta del iceberg, pues el subregistro es enorme y muchos casos nunca se denuncian por miedo, vergüenza o desconfianza institucional.
La explotación sexual es también un negocio criminal. Según cifras de la UNODC, este delito mueve anualmente en el mundo alrededor de 99 mil millones de dólares, y Colombia hace parte de esa cadena perversa. Cada víctima no es solo un número: es una vida truncada, una infancia arrebatada, un proyecto de futuro destruido. Y cuando el Estado no responde con firmeza, se convierte en cómplice por omisión.
Cabe destacar que los esfuerzos de conmemoración, como el Día contra la Explotación Sexual de NNA celebrado cada 23 de septiembre, son importantes porque visibilizan el problema. Sin embargo, no pueden quedarse en actos simbólicos. Bogotá necesita convertir cada conmemoración en una evaluación de resultados: cuántos casos se han atendido, cuántas condenas judiciales se han logrado, cuántas familias recibieron acompañamiento integral, cuántos colegios cuentan con protocolos efectivos.
Otra dimensión crítica es la impunidad. Según cifras de la Fiscalía General de la Nación, menos del 20 % de los casos de explotación sexual contra menores llegan a una sentencia condenatoria. Esto implica que las redes criminales siguen operando con una sensación de inmunidad, y que las víctimas, lejos de encontrar justicia, terminan revictimizadas en procesos interminables. El proyecto de acuerdo insistía en la necesidad de fortalecer la articulación judicial, pues sin sanción efectiva no hay verdadera prevención.
Es momento de entender que la explotación sexual comercial de NNA no es un tema marginal ni sectorial: es un problema que atraviesa seguridad, justicia, educación, salud y cultura. Cada entidad que se desentiende está dejando que la niñez pague el precio de la desarticulación institucional.
Bogotá tiene la oportunidad de ser pionera en la erradicación de esta violencia. El proyecto de acuerdo presentado marca un camino claro: prevención, articulación, justicia y reparación. Lo que falta no es diagnóstico ni propuestas: falta decisión política para convertir esas propuestas en realidad.
En conclusión, la explotación sexual de NNA es una herida abierta en la ciudad. Las cifras hablan de un problema crónico y creciente, pero la política puede y debe ser la herramienta para transformar esa realidad. El proyecto de acuerdo es un llamado a la acción, una hoja de ruta que, si se adopta con seriedad, permitirá que Bogotá no sea más recordada como una ciudad indiferente, sino como un territorio que enfrentó con firmeza uno de los delitos más atroces contra la niñez.
