Este 20 de noviembre se han cumplido cincuenta años de la muerte de Francisco Franco, el dictador que gobernó España con puño de hierro desde su victoria en la guerra civil de 1936-39 contra el gobierno republicano. Murió en su cama, cuestionado por amplios sectores de la sociedad, pero sin que su régimen conservador se tambaleara; y con la íntima satisfacción, quizá, de ver restaurada la monarquía que él mismo había diseñado. El príncipe Juan Carlos heredó, íntegros, los poderes absolutos del dictador.
Lo sorprendente fue lo que vino después. Tras unos meses de vacilaciones —durante los cuáles indultó a los presos políticos—, el nuevo monarca renunció de manera fulminante al legado autoritario que había recibido. España se encaminó así hacia una democracia plena, levantó un Estado de bienestar y se integró sin reservas en el Occidente democrático: primero en la OTAN, en 1982, y después en la Comunidad Europea, en 1986. Sobre la base del crecimiento económico iniciado en los años cincuenta, cuando el régimen abandonó la autarquía y confió en tecnócratas, para abrir la economía, el país dio un salto excepcional hacia un estatus de nación desarrollada.
En ese momento —1975— recuerdo un país pobre incluso para algunos estándares de vida que yo había dejado en Colombia. Sin embargo, tras la muerte del dictador, la sociedad española se fue transformando, pasó de los rigores de un catolicismo ultramontano a convertirse en una de las más liberales del mundo, impulsando transformaciones profundas en los derechos de la mujer y en la vida privada. España, en suma, se convirtió por fin en un país plenamente europeo.
La transición democrática se convirtió en referencia internacional: un proceso modélico, logrado sin derramamiento de sangre. Hubo solo dos episodios que fueron los lunares de aquel proceso. El primero, el intento de golpe de Estado de 1981, frenado con una decisiva intervención del rey, que entonces ejercía de monarca constitucional como Juan Carlos I. El segundo, el terrorismo de ETA, derrotado décadas después por la fuerza pública y el sacrificio de buena parte de la sociedad española. Aquella transición fue posible gracias a un pacto histórico entre reformistas del régimen franquista y una oposición moderada por cuarenta años de represión. La izquierda aceptó la monarquía, la derecha franquista se hizo el harakiri en el rancio parlamento del antiguo régimen, y una amnistía cubrió el pasado, para bien y para mal.
Sin embargo, medio siglo después de la muerte del dictador, aquella arquitectura institucional tan celebrada tiene, en mi opinión, una grieta profunda que condiciona hoy la política española: la Ley Electoral. Su diseño sobrerrepresenta de manera escandalosa a los partidos nacionalistas vascos y catalanes, otorgándoles un peso parlamentario desproporcionado. Estas formaciones comprendieron pronto que podían convertir ese desequilibrio en un arma permanente de negociación y, a menudo, de chantaje político: apoyos decisivos al gobierno central a cambio de privilegios, y nuevas cuotas de gobierno para esas regiones y sus veleidades independentistas. Medio siglo después, continúan en la misma estrategia, amparadas por un sistema que multiplica artificialmente su fuerza.
De la mano de esta anomalía España tiene hoy un modelo educativo, fragmentado hasta el absurdo. La Constitución de 1978 instauró un federalismo de facto que cedió a las 17 comunidades autónomas la competencia plena para educar a su criterio. Deduzcase lo que han hecho nacionalistas-independentistas con este instrumento durante medio siglo, y se comprenderá porque gran cantidad de españoles se avergüenzan de los símbolos que representan la unidad de la nación: jefatura del Estado, bandera, himno, etc. Con el disparate de una educación atomizada España renunció a un programa común, sacrificando coherencia y equidad en nombre de una descentralización mal calibrada. La cereza de este pastel es la concesión simbólica pero no menor de equiparar el idioma español —uno de los más poderosos del mundo— con las lenguas regionales.
Pero quizá el problema institucional más serio de la España democrática sea más profundo y menos discutido: la concentración de poder sin rendición de cuentas en los dos grandes partidos —Socialista, izquierda, y Popular, derecha— que han gobernado desde 1977. Miles de cargos políticos disfrutan de aforamientos que erosionan la igualdad ante la ley. Y ni Pedro Sánchez, actual primer ministro, ni sus predecesores han querido impulsar un código ético eficaz que regule intereses de ministros y familiares. Hoy la esposa y el hermano de Sánchez están siendo investigados por presunto tráfico de influencias en un clima donde la sospecha se ha vuelto rutina.
La casualidad ha querido que el 50 aniversario de la muerte de Franco coincida con la insólita condena por la justicia al Fiscal general del Estado por revelación de secreto, condena que resulta harto simbólica. Muestra cómo las instituciones, que deberían ser pilares de estabilidad, están atravesando un grave deterioro. Este hecho refleja una crisis de confianza en el sistema judicial y en el Estado de derecho, donde los símbolos históricos parecen volverse parte del escenario político y judicial del momento.
Cincuenta años después de la muerte de Franco, nadie duda que España es un país infinitamente mejor. Libertad, prosperidad e integración europea componen un legado que el dictador jamás imaginó. Pero salta a la vista que nuevos problemas amenazan con minar ese éxito. Aparte los mencionados —desigualdades territoriales amplificadas por un sistema electoral disfuncional, instituciones vulneradas por el partidismo y una justicia cuestionada— esa nación afronta hoy nuevos y titánicos retos como dar mayores oportunidades a los jóvenes, suplir las necesidades de vivienda de la población y regular la emigración; para citar los más inmediatos.
Nadie en la España de hoy añora el pasado —ningún demócrata lo hace—, pero cabe esperar que aquella transición que llevó la libertad a una gran nación sea aún capaz de garantizar un futuro a la altura de sus mejores logros.
