Ante la creciente circulación de cuestionamientos sobre el financiamiento de su campaña para la consulta interna del Pacto Histórico realizada el 26 de octubre de 2025, la exministra de Salud y actual cabeza de lista al Senado, Carolina Corcho, y su equipo de campaña respondieron a las críticas con un comunicado público en el que rechazan de manera categórica las acusaciones y defienden la transparencia de su gestión financiera.
A través del texto oficial, la campaña sostuvo que en redes sociales y algunos espacios mediáticos se han difundido señalamientos que distorsionan la información contable de los reportes de gastos de la campaña y que, según su criterio, constituyen acusaciones “irresponsables, temerarias y carentes de sustento”. El comité directivo de la campaña calificó estas versiones como un ataque a la integridad, honra y dignidad de la candidata y de quienes acompañan su proyecto político.
La controversia se desató en los últimos días luego de denuncias publicadas en medios nacionales y promovidas por la representante a la Cámara Catherine Juvinao, que cuestionaron el origen de una parte significativa de los recursos reportados en la plataforma Cuentas Claras del Consejo Nacional Electoral (CNE). Según estas versiones, alrededor del 52% de los gastos de la campaña de Corcho —aproximadamente $742 millones— habrían sido financiados a través de un préstamo otorgado por un restaurante que, según denuncias, no tendría operación regular ni dirección física verificable en la localidad de Bosa, al sur de Bogotá.
En respuesta a estos cuestionamientos, el comunicado oficial afirmó que la campaña cumplió de manera debida con la entrega de todos los documentos y soportes exigidos en la plataforma Cuentas Claras, y que estos se encuentran formalmente registrados y disponibles para el escrutinio tanto de las autoridades competentes como del público en general, en conformidad con la normativa vigente.
La campaña explicó que durante su ejecución se contrataron y recibieron únicamente servicios necesarios para el desarrollo de sus actividades, prestados por empresas y proveedores legalmente constituidos y habilitados para tal fin. De acuerdo con el texto, todas las relaciones con proveedores se realizaron en el marco de relaciones comerciales regulares y ajustadas a la ley, siguiendo los procedimientos administrativos y de verificación previstos, sin que ello implique la existencia de préstamos, donaciones o mecanismos financieros distintos a operaciones comerciales ordinarias.
Además, el comunicado aseguró que la totalidad de los gastos ejecutados, así como las donaciones y aportes, fueron registrados de manera íntegra y oportuna en la plataforma del CNE, dejando constancia completa y verificable de los movimientos financieros de la campaña. En ese sentido, hizo énfasis en que las cuentas han sido objeto de revisión y auditoría previa por parte del Partido Polo Democrático y que, en su momento, también serán evaluadas por el propio Consejo Nacional Electoral.
La campaña de Corcho reiteró su disposición permanente para atender cualquier requerimiento o inquietud que formule el CNE. Subrayó que está comprometida con la transparencia y la legalidad en el manejo de sus recursos, y que colaborará con las autoridades en la verificación de los informes, para dar claridad al país sobre el origen y empleo de los fondos utilizados en la contienda interna.
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El debate sobre el financiamiento de campañas en el marco del Pacto Histórico ha generado interés en el contexto político nacional, en un momento en el que la coalición busca consolidar su posición de cara a las elecciones legislativas y presidenciales de 2026, tras la realización de la consulta interna en octubre pasado.
