El Gobierno Nacional anunció que para las elecciones del próximo 8 de marzo se aplicarán medidas especiales de orden público en todo el país, entre ellas la ley seca y el cierre de fronteras, con el fin de garantizar una jornada electoral tranquila y transparente.
Las disposiciones incluyen la prohibición de la venta y el consumo de bebidas embriagantes durante un periodo determinado antes y después de la votación, así como restricciones al tránsito fronterizo para evitar interferencias externas o alteraciones del orden público. Según las autoridades, estas decisiones buscan prevenir disturbios, reducir riesgos de alteraciones y facilitar el trabajo de la Fuerza Pública durante los comicios.
Además de las medidas tradicionales de seguridad, el Gobierno anunció un componente tecnológico para blindar el proceso electoral. El registrador nacional, Hernán Penagos, explicó que se implementará un mecanismo de verificación digital que permitirá comprobar que el software utilizado en el preconteo, escrutinio y divulgación de resultados no sea modificado.
De acuerdo con el funcionario, en presencia de representantes de los partidos políticos y de observadores electorales se expedirá un código hash —una huella digital informática única— que identificará los programas oficiales. Ese código será entregado previamente y los sistemas quedarán “congelados”. El día de las elecciones, al iniciar el proceso de transmisión y consolidación de datos, el software deberá arrancar con la misma huella digital, lo que permitirá verificar que no haya sido alterado.
“En presencia de todos se va a expedir un código hash que se entregará a todas las organizaciones políticas y observadores para que el 8 de marzo, una vez inicie el preconteo, escrutinio, consolidación y divulgación de resultados, se inicien nuevamente esos softwares con los códigos fuente que no pueden haber sido vulnerados (…) Lo anterior garantiza la fiabilidad y seguridad de esos softwares”, indicó Penagos.
El cierre de fronteras se aplicará de manera temporal en los pasos terrestres y fluviales autorizados, mientras que las autoridades migratorias y de seguridad reforzarán los controles en aeropuertos y terminales de transporte. En paralelo, la Policía y las Fuerzas Militares desplegarán un plan especial de vigilancia para custodiar puestos de votación y centros de procesamiento de datos.
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Desde el Gobierno señalaron que estas medidas buscan fortalecer la confianza ciudadana en el proceso democrático, en medio de un ambiente político marcado por la polarización y el debate sobre la transparencia electoral. La combinación de controles de orden público y verificación tecnológica apunta a ofrecer garantías tanto a partidos como a votantes.
La jornada del 8 de marzo contará además con acompañamiento de organismos de control y observadores nacionales e internacionales. Con ley seca, fronteras cerradas y software blindado, el Ejecutivo apuesta por unas elecciones con mayores niveles de seguridad y legitimidad.
