La inteligencia artificial dejó de ser una promesa futurista para convertirse en una herramienta cotidiana. El problema es que, en Colombia, ese avance tecnológico está ocurriendo mucho más rápido que las reglas para proteger a quienes deberían estar en el centro de cualquier innovación: niñas, niños y adolescentes.
Lo que hoy está ocurriendo en el entorno digital no es anecdótico ni marginal. El uso de aplicaciones de inteligencia artificial para crear imágenes sexuales falsas de menores de edad es una realidad en crecimiento. No se trata de montajes burdos ni de bromas digitales. Son contenidos no consentidos, ilegales y profundamente violentos, con consecuencias emocionales y psicológicas devastadoras para quienes los padecen.
En lo corrido del año ya se han identificado múltiples casos en los que estas herramientas han sido utilizadas para producir cientos de imágenes de explotación sexual infantil. Detrás de cada número hay un menor expuesto, revictimizado, y atrapado en un ecosistema digital donde borrar una imagen es casi imposible.
Aquí hay un punto que incomoda y que no se puede seguir evadiendo. Esto no es un problema de crianza, ni de supervisión doméstica, ni de “uso responsable” en casa o en el colegio. Es un problema estructural, de diseño, y de plataformas que priorizan la velocidad, la rentabilidad y la escalabilidad, mientras miran para otro lado cuando esas mismas capacidades facilitan delitos sexuales.
Colombia sigue tratando el impacto de las plataformas digitales en la niñez como si fuera una decisión individual, cuando en realidad es una falla sistémica de regulación y de corresponsabilidad empresarial. La verificación de edad es débil, los mecanismos de detección son insuficientes y la seguridad no está incorporada desde el diseño de los productos tecnológicos.
La inteligencia artificial ha abierto la puerta a una nueva forma de violencia, una economía del abuso. Son imágenes falsas que circulan, se venden y se usan para extorsionar, chantajear y destruir reputaciones. Muchas veces no provienen de adultos desconocidos, sino de pares, compañeros de colegio o personas cercanas. El daño no es virtual. Es real, profundo y duradero.
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El debate ya no debería centrarse en si la tecnología es buena o mala. Debería centrarse en quién asume la responsabilidad cuando se usa para vulnerar derechos fundamentales. La ausencia de reglas claras y de controles efectivos ha permitido que estas herramientas se conviertan en armas silenciosas contra la infancia.
La pregunta de fondo es incómoda, pero inevitable. ¿Hasta cuándo el Estado colombiano seguirá llegando tarde a los riesgos digitales? Mientras se discute si regular o no, la tecnología ya está siendo usada para violentar, revictimizar y silenciar a los más vulnerables.
Este Radar no busca generar pánico, pero sí marcar un límite claro. La innovación sin reglas no es progreso. Y cuando la inteligencia artificial se convierte en un instrumento de abuso sexual infantil, el silencio institucional deja de ser neutral y se vuelve cómplice.
