Carlos Mattos acepta preacuerdo para responder por caso Hyundai

Vie, 04/03/2022 - 19:55
El empresario Carlos Mattos aceptó el preacuerdo que le presentó la Fiscalía para pagar condena por caso de sobornos a jueces..

Este viernes el empresario Carlos Mattos, capturado por sobornar a jueces, aceptó el preacuerdo que le presentó la Fiscalía para responder por sus delitos en el sonado caso Hyundai.

Cabe recordar que el caso Hyundai estalló en el año 2016 en el momento en que la casa matriz de la reconocida marca de autos rompiera relaciones comerciales con el empresario colombo-español, quien fungía como representante de esa marca en Colombia.

 

Finalmente, Mattos aceptó pagar cuatro años y ocho meses de cárcel, y una multa de 93 millones de pesos. Además, el mismo empresario había ofrecido pagarle a la Rama Judicial y la Fiscalía 1 millón de dólares.

Falta esperar que el juez del caso confirme dicho preacuerdo para que se haga efectivo. Mientras tanto, el empresario tendrá que permanecer preso en la cárcel de Cómbita.

 

Caso Hyundai

 

Desde 1992 hasta 2015, por más de 25 años, Mattos fue nada más y nada menos que el amo y señor de la venta de autos Hyundai en Colombia, año en el que el fabricante surcoreano decidió dar por terminada su relación con el barranquillero pues consideraba que la marca estaba perdiendo posicionamiento en el mercado. Dentro de las razones, también se incluyó que Hyundai esperaba apuntar a públicos diferentes, mientras que Mattos apostaba sus cartas a la venta de taxis. 

La nueva comercializadora anunciada por el fabricante de automóviles fue Neocorp S.A., parte del grupo ecuatoriano Eljuri, que para entonces ya acumulaba una amplia experiencia en el sector automotor con concesionarios en distintos países de marcas como Chevrolet, Mercedes-Benz, Volkswagen, entre otras. Sin embargo, la situación para Mattos resultó más que preocupante pues terminaba de tajo su negocio, razón por la cual decidió tomar cartas en el asunto

El empresario emprendió una lucha jurídica contra la marca, obteniendo un concepto a favor de parte del juez Reinaldo Huertas, quien dictó medidas cautelares para prohibir la venta de automóviles por parte de Neocorp. La situación generó, entre otras cosas, grandes pérdidas a la marca que alegó serias afectaciones a la confianza inversionista del país, así como la escasez de repuestos y autos Hyundai. 

Además, se sabe que durante aquel periodo Mattos se enfocó en sus relaciones con la marca china Chery, de la mano con la cual fortaleció la venta de autos y taxis. Todo eso ante la eventual posibilidad de finalmente perder en los estrados contra Hyundai, algo que era inminente más allá de la decisión inicial de la justicia (que luego se comprobó estaba viciada). 

Aunque en un principio el barranquillero pidió una cifra muy superior, para finales de ese mismo año se logró poner fin a la disputa con un acuerdo que rozó los 100 millones de dólares americanos, según reseña Noticias Uno. De ahí en más empezó el proceso del fabricante de automóviles para intentar levantar sus ventas desplomadas y el declive de Mattos. 

En aquel entonces, el periodista Daniel Coronell denunció en su columna de Revista Semana que Reinaldo Huertas, el juez del caso, habría comprado un vehículo último modelo de 73 millones de pesos a pocos días de haber terminado con el acelerado proceso judicial. 

Hace pocos días, se tomó una decisión que terminó con la incertidumbre de lo sucedido: Huertas fue destituido e inhabilitado por 15 años por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, ya que presuntamente habría recibido dinero para fallar a favor de Mattos. Sin embargo no fue el único, ya que la Fiscalía determinó que en la actuación hubo colaboración de varios funcionarios. 

 

Más KienyKe
Los uniformados fueron convocados por el tribunal luego de ser mencionados por otros comparecientes.
Tras aparentemente superar su crisis, los diálogos de paz se retomarán en las próximas semanas.
Los comunicadores fueron agredidos, tanto física como verbalmente, mientras ejercían en varias ciudades principales.
El alto tribunal reconoció los derechos de una pareja de adultos mayores cuya vivienda estaba al borde del río Bojabá, en Arauca.