Para las 8:00 de la mañana de este sábado 10 de octubre está programada la audiencia para definir si el expresidente Álvaro Uribe queda en libertad o no en medio del proceso penal que cursa en su contra por presunto soborno y fraude procesal.
La jueza 30 de garantías deberá tomar una decisión de fondo tras analizar los argumentos que fueron presentados el pasado jueves 8 de octubre por la defensa del exmandatario, la Fiscalía, las víctimas y el Ministerio Público luego de que la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia ratificara su competencia para resolver este tipo de solicitudes.
Además, deberá definir en qué etapa procesal quedará la investigación por presunta manipulación de testigos con base a las reglas de juego de la Ley 906 de 2004, es decir, el sistema penal acusatorio, ahora que el expediente está en manos del ente acusador.
El abogado Jaime Granados, quien lidera la defensa del expresidente Álvaro Uribe, pidió su libertad tras sustentar el porqué no es equiparable la indagatoria que se hizo hace un año ante la Corte Suprema con una audiencia de formulación de imputación, que es la diligencia judicial que se hace antes de imponer una medida de aseguramiento a un procesado.
Argumentó que, bajo la Ley 906 de 2004, es a la Fiscalía a la que le corresponde pedir que un ciudadano sea privado de la libertad y es un juez de control de garantías quien debe resolver la solicitud teniendo en cuenta unos requisitos legales.
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"Aquí no ha habido una imputación y no ha habido tampoco una imposición de medida privativa por un juez de control de garantías. Por lo tanto, el ciudadano Uribe Vélez no puede estar privado de su libertad", sustentó.
Según dijo Granados, el momento procesal en el que debe quedar la investigación por presunta manipulación de testigos es en la etapa de indagación que establece la Ley 906 de 2004.
Fiscalía y Procuraduría pidieron libertad
La Fiscalía y la Procuraduría coincidieron en que el expresidente Álvaro Uribe Vélez debe quedar en libertad. El fiscal Gabriel Jaimes, quien tiene en sus manos la investigación, manifestó que, a su juicio, la indagación que se realizó no puede ser equivalente a una formulación de imputación de cargos.
Aseguró que se vulneraría el principio del debido proceso si se avanzara el procedimiento en el mismo estanco procesal. "Si hiciéramos ese traslado automático de etapas procesales, de la indagatoria a la imputación, dejaríamos huérfano el proceso", señaló.
A pesar de esto, indicó que el proceso "no iniciaría desde cero". "La gran cantidad de pruebas no se desestiman, sino que se han convertido en elementos materiales probatorios que serán revisados a la luz de las reglas de cadena de custodia para ser valorados legalmente de cara a una posible formulación de imputación", explicó.
La delegada del Ministerio Público estuvo de acuerdo con los argumentos presentados por la defensa del exmandatario para lograr su libertad.
Para ella, "no existe equivalencia entre la indagación y la formulación de imputación" que se especifica en el sistema penal acusatorio, pues "no son compatibles sus ritualidades" y Álvaro Uribe "no tiene la calidad de imputado".
Aunque no desconoció lo actuado por la Corte Suprema de Justicia, resaltó que en el proceso cambiaron las reglas procedimentales, el paradigma y entraron a regir formalidades diferentes al sistema inquisitivo. "Lo que está en la Ley 906 es lo que ahora debe garantizarse", indicó.
"Debe cumplirse con tal actuación ante un juez de control de garantías. Esa es la ritualidad. Al no haberse cumplido con ese requisito de imputación, la medida de aseguramiento ha perdido el sustento jurídico que la respaldaba. Resulta necesario que la Fiscalía cumpla con la citada imputación y pueda debatirse la necesidad de una medida de aseguramiento bajo la luz del sistema acusatorio", agregó.
Víctimas piden mantener la medida
Reynaldo Villalba, abogado del senador Iván Cepeda, quien se presenta como víctima en la investigación, cuestionó los argumentos presentados por la Fiscalía y afirmó que la actuación de la Corte Suprema "no se debe dejar atrás".
El defensor del congresista del Polo Democrático mencionó que no hay que desestimar lo hecho por la Sala Especial de Instrucción, pues era la competente para adelantar el caso antes de que Uribe Vélez renunciara a su curul en el Senado.
"No es hacer un borrón y cuenta nueva, arrasar con todo. Sería un grave precedente que afectaría la seguridad jurídica. La vía por la que la defensa pretende obtener la libertad de Álvaro Uribe Vélez no debe prosperar", manifestó.
El exvice fiscal general Jorge Perdono, quien también se presenta como víctima, compartió sus argumentos para impedir la libertad de Álvaro Uribe Vélez. Según dijo, lo actuado por la Sala de Instrucción tiene plena validez, pues fue realizado de acuerdo con el contenido dogmático de todos los principios: el debido proceso, principio de legalidad y el pleno respeto al derecho de defensa.
"Me opongo a la solicitud de libertad presentada por la defensa. La vinculación a la actuación procesal y la medida de aseguramiento se realizó conforme a la ley preexistente y con la observancia de la plenitud de las formas propias del proceso", mencionó.
Perdomo señaló que cuando inició la investigación, Uribe Vélez tenía la condición de senador, por lo que la Sala de Instrucción era el organismo judicial que tenía en ese momento la competencia para investigar, vincular a la actuación, definir la situación jurídica y decidir sobre la privación de la libertad.
