Judicializan a dos exdirectivos de Ingeominas por presunta corrupción

Publicado por: juan.sacristan el Dom, 16/08/2020 - 08:15
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La Fiscalía imputó cargos a dos exdirectivos de Ingeominas por la modificación de un contrato que causó un detrimento patrimonial por encima de los 60 mil millones de pesos.

Mario Ballesteros Mejía, exdirector general de Ingeominas, y José Fernando Ceballos, ex director del Servicio Minero de la misma entidad, fueron acusados por la Fiscalía General de la Nación de haber modificado un contrato para favorecer al contratista Prodeco.

Un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción evidenció que los dos servidores, entre mayo de 2008 y enero de 2010, se interesaron "indebidamente" en la suscripción de un otrosí al Contrato No.044-89, mediante el cual se modificaron las condiciones que regulan el régimen de contraprestaciones económicas que el contratista debía pagar al Estado, generando detrimento patrimonial al Estado.

Según el material probatorio, la modificación fue propiciada por el contratista, C.I. Prodeco, quien resultó beneficiado con el cambio incorporado a los términos del contrato, pues habría obtenido una significativa reducción de las regalías y contraprestaciones económicas que debía pagar al Estado, a pesar del incremento que tendría en su producción, lo que significa un claro detrimento al patrimonio público.

La Fiscalía les imputó a los exdirectivos de Ingeominas el delito de interés indebido en la celebración de contratos, el cual no fue aceptado por ninguno de los sindicados. Por ahora, los exfuncionarios continuarán en libertad, debido a que la Fiscalía no solicitó medida de aseguramiento por falta de cumplimiento de las causales para imponerla.

El contrato que puso en aprietos a los exdirectivos de la compañía fue un otro sí firmado en el 2010, con el que se cambió la fórmula para el cálculo de regalías y contraprestaciones de la producción minera del año 2010. Según la Contraloría dijo en 2015, esa modificación causó un detrimento patrimonial de 60.023 millones de pesos.

"Antes de implementar los cambios consagrados en el otrosí 8, el Estado recibía $129.512 millones, y tras este ajuste se pasó a $77.298 millones, para el período de transición", señaló la Contraloría en el 2015.

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