Los 15 militares que la JEP imputó por falsos positivos

Publicado por: gabriela.garcia el Jue, 15/07/2021 - 12:12
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La JEP anunció una nueva imputación por falsos positivos en contra de 15 militares que hicieron parte del Batallón de Artillería No.2 La Popa en Valledupar.
Ellos son los 15 militares que la JEP imputó por falsos positivos

La Jurisdicción Especial par la Paz (JEP) anunció este jueves 15 de julio la segunda imputación por falsos positivos. Esta vez, en contra de 15 miembros del Ejército Nacional que hicieron parte del Batallón La Popa, ubicado en la ciudad de Valledupar (Cesar). 

Estos cargos hacen parte de la investigación por los hechos registrados entre el 9 de enero de 2002 y el 9 de julio de 2005 dentro del subcaso Costa Caribe, una de las seis zonas priorizadas del Caso 03, denominado ‘Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado’.

Esta segunda imputación por falsos positivos va en contra de dos tenientes coroneles, tres mayores, un teniente, dos subtenientes, dos sargentos primero, un sargento viceprimero, un cabo tercero y tres soldados profesionales que fueron declarados máximos responsables por su participación determinante en el asesinato de 127 personas en el norte de Cesar y el sur de La Guajira.

La JEP señaló que, al contrastar la información que hace parte del acervo probatorio, se determinó que cada uno de los imputados tuvo un rol esencial en la configuración de los patrones criminales y participó en conductas especialmente graves y representativas, "sin las cuales no se hubiera desarrollado y perpetuado el plan criminal".

Por esa razón, la Sala de Reconocimiento les imputó los delitos de homicidio en persona protegida y desaparición forzada contemplados en el Código Penal colombiano, así como los crímenes de lesa humanidad de asesinato y desaparición forzada de personas, y el crimen de guerra de homicidio.

Los 15 militares imputados por falsos positivos
 

Los imputados, en calidad de autores mediatos, son los tenientes coroneles Publio Hernán Mejía Gutiérrez, comandante del Batallón de Artillería No.2 La Popa (BAPOP) entre 2002 y 2003, y Juan Carlos Figueroa Suárez, quien lo sucedió entre 2004 y 2005.

El alto tribunal de justicia indicó que, del total de crímenes, 75 ocurrieron bajo el mando de Mejía Gutiérrez y 52 bajo el mando de Figueroa Suárez.

"En un gran número de los hechos ocurrió desaparición forzada. Los pueblos indígenas Wiwa y Kankuamo, especialmente, fueron víctimas de un daño grave, diferenciado y desproporcionado por parte de algunos integrantes de esta unidad militar", señaló.

Los demás militares llamados a responder por estos hechos, son: 

- El mayor José Pastor Ruiz Mahecha, oficial de inteligencia y de operaciones.

- El mayor Guillermo Gutiérrez Riveros, comandante de batería y oficial de operaciones.

- El mayor Heber Hernán Gómez Naranjo, responsable de la sección de operaciones y jefe de estado mayor.

- El sargento primero Efraín Andrade Perea, responsable de la sección segunda.

- El sargento primer Manuel Valentín Padilla Espitia, agente de inteligencia externa de la sección de inteligencia.

- El teniente Carlos Andrés Lora Cabrales, comandante de batería y comandante del grupo especial Trueno.

Bajo esta misma forma de intervención delictiva fueron imputados:

- El subteniente Eduart Gustavo Álvarez Mejía, comandante de pelotón.

- El sargento viceprimero José de Jesús Rueda Quintero, comandante de pelotón.

- El subteniente Elkin Leonardo Burgos Suárez, comandante de pelotón.

- El cabo tercero Elkin Rojas, comandante de escuadra.

- El soldado profesional Juan Carlos Soto Sepúlveda, quien hizo parte del pelotón Albardón 3.

- Los soldados profesionales Yeris Andrés Gómez Coronel y Alex José Mercado Sierra, que conformaron pelotones del BAPOP, en particular, el grupo especial Zarpazo.

La JEP determinó que los 15 militares imputados por falsos positivos hicieron parte de una organización criminal que se conformó dentro de la unidad militar y a través de la cual se desplegó una conducta extendida, y a gran escala, para presentar resultados operacionales ficticios en los que presentaron como “bajas en combate” a personas asesinadas en estado de indefensión por miembros del Ejército o por paramilitares.

"Actuaron, además, con pleno conocimiento de su ilegalidad pues encubrieron sus actos para hacerlos ver como legales, separándose de las normas constitucionales y reglamentarias de las operaciones militares con el fin de mejorar la percepción de seguridad y mostrar avances en la guerra contra la insurgencia", indicó.