Una investigación hecha por la Fiscalía General de la Nación dejó al descubierto una planta de producción de carne de cerdo que, al parecer, realizaba de manera ilegal actividades de producción primaria, sacrificio, beneficio, desposte, desprese, transporte y comercialización de este alimento en el municipio de Santa Rosa de Cabal de Risaralda.
Por estos hechos cinco personas fueron enviadas a la cárcel de manera preventiva. Ante un juez penal de garantías se les formuló cargos, en calidad de coautores, por los delitos de concierto para delinquir, contaminación ambiental y corrupción de alimentos, productos médicos o materiales profilácticos.
La supuesta planta de producción de carne de cerno no tenía autorización del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) ni de la Secretaria de Salud Departamental de Risaralda.
Los procesados, que aceptaron su responsabilidad, fueron cobijados con detención domiciliaria. Se trata de:
- Asael Arboleda Osorio, alias el Gordo, supuesto jefe de la organización.
- Gabriel Antonio Arteaga, alias Gaby, quien al parecer se encargaba de la comercialización.
- José León Arboleda, alias Leo, servía de vigía, avisaba los movimientos de las autoridades.
- Alberto Acevedo Salazar, alias Garrafón, supuesto colaborador en el sacrificio clandestino.
- Jhon Fredy Arboleda, alias Jhon, a cargo de transportar la carne.
Así operaban
La Fiscalía General señaló que durante dos años estos hombres obtuvieron beneficio económico por ser los dinamizadores, transportadores y comercializadores de la citada planta, que funcionaba en una casa común con adecuaciones.
Explicó que en los lugares dispuestos para el almacenamiento, distribución y venta de los cárnicos no eran aptos, al grado de encontrarse presencia de cucarachas. Además, se determinó que en el proceso del transporte no se garantizaba la cadena de frío.
"La existencia del local como matadero y beneficio de la carne de porcino ilegal representaba un riesgo para la salud de quienes consumían el producto, no solo por la insalubridad en el sacrificio y venta de la carne sino por la comercialización de productos alternos. En el sitio se elaboraban chorizos que eran vendidos en supermercados a nivel nacional", resaltó el ente investigador.
Los implicados, presuntamente, estaban contaminando el medio ambiente al verter los desechos orgánicos sobrantes del sacrificio en la quebrada Santa Helena y el río San Eugenio de Santa Rosa de Cabal.
El trabajo investigativo requirió de tres allanamientos en los distintos sitios de sacrificio, almacenaje o distribución. En estos lugares se encontraron cerdos vivos, 255 kilos de carne y vísceras que fueron incautadas y sometidas al proceso de desnaturalización ante una entidad autorizada.
