En un gesto poco común, pero profundamente revelador sobre los dilemas éticos en la justicia colombiana, el magistrado Ramiro Riaño Riaño decidió declararse impedido para participar en el estudio de una tutela interpuesta por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien busca revertir la decisión que lo mantiene bajo detención domiciliaria.
El caso, asignado a Riaño el pasado 5 de agosto, puso sobre la mesa viejas tensiones, relaciones pasadas y denuncias que, según el propio magistrado, podrían comprometer su imparcialidad. En su declaración, invocó dos causales de impedimento consagradas en el artículo 56 de la Ley 906 de 2004. Y lo hizo sin rodeos.
Según explicó el magistrado, su compañera permanente, Luz Adriana Gutiérrez Mejía, fue nombrada en 2013 como fiscal local en Zipaquirá por el entonces fiscal general Luis Eduardo Montealegre Lynnet, quien hoy es reconocido como víctima en el proceso penal contra Uribe. Esa conexión, aunque lejana en el tiempo, pesa para Riaño, quien reconoció que siente una “tensión entre la gratitud por aquella vinculación y la absoluta imparcialidad” que exige su labor judicial.
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La segunda causal que llevó a Riaño a apartarse del proceso va aún más allá del plano personal: Montealegre, el mismo exfiscal, presentó una denuncia penal en su contra por prevaricato. La acusación se remonta a una tutela anterior que Riaño resolvió a favor de Uribe, justo antes de advertir su posible impedimento. Montealegre lo denunció por haber tomado esa decisión mientras —según él— no debía haber intervenido en el asunto.
Esta denuncia no solo lo convirtió en sujeto de investigación penal, sino que, en palabras del magistrado, lo ubicó automáticamente como contraparte procesal del denunciante, lo que vulnera la objetividad requerida para fallar en este nuevo episodio.
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Lejos de quedarse en un mero trámite formal, Riaño expresó su convicción personal de que ambas causales son suficientes para dar un paso al costado. “No es solo lo que establece la ley”, pareció sugerir su argumentación, “sino la obligación de respetar la confianza que la ciudadanía deposita en la justicia”. También recordó que ya ha sido apartado de casos anteriores por razones similares, incluido uno en el que la Corte Suprema rechazó su solicitud de impedimento, pero en el que, nuevamente, Montealegre aparecía como parte interesada.
Finalmente, solicitó a los demás magistrados de la Sala Penal que evalúen su postura y se pronuncien formalmente sobre su separación del caso.
