La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) calificó este martes como genocidio la campaña de exterminio perpetrada contra el partido colombiano de izquierdas Unión Patriótica (UP), desarrollada principalmente durante las décadas de 1980 y 1990, e imputó responsabilidad penal a cinco altos mandos retirados del Ejército.
Según explicó el tribunal, "el ataque sistemático tuvo la intención deliberada de destruir a la Unión Patriótica", por lo que calificó el hecho global como genocidio contra ese partido político, conforme al artículo 101 del Código Penal colombiano, y también como crímenes de guerra y de lesa humanidad.
La JEP agregó que "este genocidio dejó al menos 8.929 víctimas", de las cuales 5.729 fueron asesinadas o desaparecidas y 3.200 sufrieron atentados, desplazamientos forzados, exilio, tortura, detención arbitraria, judicialización infundada y violencia sexual.
Altos mandos del Ejército imputados
Por estos hechos, enmarcados en una política contrainsurgente del Ejército en su lucha contra la guerrilla de las FARC, la JEP imputó como máximos responsables del crimen de genocidio, a título de coautores, a cinco oficiales retirados.
Se trata del mayor general Iván Ramírez Quintero, el brigadier general Rito Alejo del Río y los tenientes coroneles Jorge Luis Mejía Rosas, Eduardo León Figueroa Cifuentes y Manuel José Pérez Pérez.
Un experimento de paz truncado
La UP nació en 1985 como parte de un intento de acuerdo de paz del entonces presidente colombiano Belisario Betancur con las FARC, pero en los años siguientes la formación fue víctima de un exterminio sistemático. En marzo de 2020, la JEP ya la había reconocido como víctima de crímenes de agentes del Estado en uno de los once macrocasos abiertos por ese tribunal.
Para concluir que hubo genocidio contra la UP, la JEP examinó 34 informes, incluidos documentos de la Fiscalía, la Procuraduría y el Centro Nacional de Memoria Histórica, así como 29 informes de organizaciones de víctimas, y practicó 139 diligencias de toma de testimonios.
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Violencia masiva y prolongada en el tiempo
"Con base en la contrastación de todas las fuentes disponibles, la Sala de Reconocimiento de Verdad pudo determinar que la violencia contra la UP fue masiva, permanente y extendida, aunque territorialmente concentrada. Además, se ejerció a través de todas las formas posibles y contra todos los niveles de la organización política, es decir, contra la dirigencia nacional, los liderazgos regionales y las bases locales", señaló la JEP.
Ese tribunal, creado por el acuerdo de paz firmado en noviembre de 2016 entre el Gobierno colombiano y la antigua guerrilla de las FARC, subrayó que "la violencia contra la UP fue continuada en el tiempo" y recordó que entre 1984 y 2002 no hubo un solo mes en el que no se reportara un militante de la UP asesinado o desaparecido.
"La violencia contra militantes de la UP se registró en 427 municipios del país", añadió la JEP, que destacó que "el ataque genocida no solo se tradujo en la pérdida de vidas, sino en un daño sistémico y profundo", que incluyó daño a la paz, a la institucionalidad estatal y un daño moral de gran alcance.
Por este "plan de exterminio" contra la UP, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) condenó en enero de 2023 al Estado colombiano y le ordenó realizar un acto público de perdón, que el presidente Gustavo Petro encabezó el pasado 10 de noviembre en la ciudad caribeña de Santa Marta. EFE
