Casi cuarenta años después de la toma y retoma del Palacio de Justicia, nueve exintegrantes del Ejército Nacional enfrentarán juicio por el delito de tortura agravada. La Fiscalía General de la Nación profirió resolución de acusación por los tratos que habrían recibido varios sobrevivientes que salieron con vida del edificio entre el 6 y el 7 de noviembre de 1985 y que luego fueron sometidos a interrogatorios en manos de la Fuerza Pública.
La decisión de la Fiscalía
La resolución fue emitida por una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, bajo las reglas de la Ley 600 de 2000. Se trata de una decisión de primera instancia, por lo que aún puede ser recurrida por las partes. El acto procesal abre un nuevo capítulo judicial sobre los hechos posteriores al operativo militar, en particular sobre lo ocurrido con quienes fueron evacuados del Palacio y trasladados a la Casa del Florero y a instalaciones militares.
¿Quiénes son los acusados?
Los llamados a juicio son los oficiales retirados Iván Ramírez Quintero, Edilberto Sánchez Rubiano, Fernando Blanco Gómez y Óscar William Vásquez Rodríguez, así como los sargentos en retiro Ferney Ulmardín Causayá Peña, Luis Fernando Nieto Velandia, Gustavo Arévalo Moreno, Antonio Rubay Jiménez Gómez y Bernardo Alfonso Garzón Garzón.
Según la Fiscalía, para la época varios de ellos ocupaban cargos de mando en estructuras de inteligencia militar como el Comando Operativo de Inteligencia y Contrainteligencia (COICI) y la unidad B-2 de la Brigada XIII. Desde esas posiciones habrían participado, en calidad de coautores impropios, en actos de tortura física, moral y psicológica contra personas señaladas de colaborar con el M-19.
Víctimas y relatos clave
La acusación se centra en al menos once víctimas que fueron rescatadas del Palacio y posteriormente trasladadas a la Casa del Florero y a guarniciones militares, donde habrían sido sometidas a interrogatorios bajo malos tratos y humillaciones. Entre ellas se cuentan dos estudiantes de Derecho que visitaban el edificio el día de la toma y un funcionario de obras públicas detenido en un retén cuando se desplazaba hacia Zipaquirá, quien terminó recluido durante 15 días en la cárcel La Modelo.
El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, representante de varias víctimas, calificó la decisión como "histórica" y pidió avanzar en la investigación de toda la cadena de mando que permitió ese patrón de abusos.
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Memoria y justicia, casi 40 años después
La resolución de acusación no cierra el expediente del Palacio de Justicia, pero sí marca un nuevo punto de inflexión: por primera vez este grupo de exmilitares llega a etapa de juicio penal por torturas a sobrevivientes. Casi cuatro décadas después, el caso vuelve a recordar que los hechos de 1985 siguen teniendo consecuencias en los estrados judiciales y en la disputa por la memoria del país.
