La representante a la Cámara por Bogotá, Jennifer Pedraza, confirmó que Juliana Guerrero —quien la denunció por calumnia y delitos informáticos— no asistió a la audiencia de conciliación programada por la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.
La diligencia no se realizó debido a que el abogado de Guerrero solicitó aplazamiento por motivos de fuerza mayor, petición que fue negada por el magistrado instructor.
Una denuncia que avanza por dos vías judiciales
Guerrero había presentado querella contra Pedraza por calumnia, violación de datos personales y acceso abusivo a sistema informático. La comparecencia a la audiencia de conciliación es obligatoria para la parte denunciante, es así que la inasistencia puede llevar a dos escenarios: que la Corte reprograme la diligencia si se acredita una excusa válida, o que declare el desistimiento tácito de la querella y archive el proceso si no existe justificación dentro de los tres días siguientes a la citación.
El abogado de Pedraza, Sebastián Rondón, señaló que solicitará a la Corte continuar con la práctica de pruebas para que exista una valoración de fondo sobre las afirmaciones hechas por Guerrero.
Pedraza insiste en fallas institucionales y pide claridad sobre el origen de los títulos
A la salida de la Corte, Pedraza reiteró que el caso no se limita a un conflicto entre dos personas, sino a un problema institucional más amplio relacionado con la obtención irregular de títulos académicos.
La congresista ha cuestionado los títulos de técnica y profesional que Guerrero asegura haber obtenido en la Fundación Universitaria San José, los cuales no aparecen registrados en el SNIES y cuya validez fue desvirtuada por la propia institución el 7 de noviembre, al señalar que no existe historial académico, participación en clases ni evaluaciones a nombre de Guerrero.
Derivaciones en otras instancias: Fiscalía y control universitario
Además del proceso en la Corte, Pedraza denunció ante la Fiscalía General a Guerrero y a varios directivos de la Fundación San José por presunto fraude procesal y falsedad en documento público. La investigación preliminar busca establecer si existió una práctica sistemática en la expedición de títulos sin requisitos legales.
El caso también tiene efectos en la Universidad Popular del Cesar, donde Guerrero fue nombrada como delegada del presidente Gustavo Petro ante el Consejo Superior. Pedraza anunció acciones jurídicas para cuestionar esa designación, argumentando que las inconsistencias académicas conocidas afectan los criterios de idoneidad para ocupar el cargo.
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Lo que viene en el proceso
Con la inasistencia a la audiencia, la Corte deberá definir si reprograma la diligencia o si procede al archivo por desistimiento. Al mismo tiempo, continuará la recopilación de información ordenada a la Fundación San José y al Ministerio de Educación, que también abrió una investigación administrativa sobre la institución.
El caso seguirá avanzando en paralelo por las vías judiciales y administrativas, mientras las partes esperan la decisión del alto tribunal sobre el trámite de la querella y sobre las pruebas adicionales solicitadas.
Hasta el momento, Juliana Guerrero no se ha pronunciado al respecto.
