Esta semana se abrió un nuevo capítulo en el proceso penal que se adelanta contra el gobernador suspendido de Antioquia, Aníbal Gaviria, señalado de cometer irregularidades en un contrato para obras de mantenimiento y pavimentación de un tramo de la Troncal la Paz que se firmó en su anterior administración.
El fiscal general Francisco Barbosa avaló un principio de oportunidad para dos contratistas que eran investigados dentro de este mismo caso y que ahora servirán como testigos en el juicio contra el gobernador ante la Corte Suprema de Justicia.
Se trata del exrepresentante del Consorcio Troncal de la Paz José Ignacio Narváez Mora y el contratista Luis Fernando Solarte Viveros, quienes, por el momento, dejarán de ser investigados a cambio de aportar información valiosa en el proceso.
Antes de que el fiscal Barbosa diera luz verde a este principio de oportunidad, los dos testigos contra Aníbal Gaviria eran investigados por los delitos de peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de los requisitos legales.
Aníbal Gaviria, a la espera del juicio
El pasado 10 de junio la Corte Suprema de Justicia determinó que Aníbal Gaviria debe seguir privado de la libertad mientras se avanza con el juicio en su contra.
La Sala Especial de Primera Instancia anunció que le negó la revocatoria de la medida de aseguramiento que actualmente pesa en su contra en medio de la investigación por supuestos actos de corrupción.
En ese momento, el alto tribunal también rechazó la solicitud que presentó la defensa del gobernador suspendido para que se sustituyera la medida de aseguramiento por una no privativa de la libertad.
Aníbal Gaviria fue recapturado en horas de la tarde del miércoles 3 de marzo luego de que un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia lo acusara por las presuntas irregularidades en los contratos de las obras de mantenimiento y pavimentación de un tramo de la Troncal la Paz, entre La Cruzada-Caucasia.
El mandatario gubernamental fue detenido en la ciudad de Medellín. En el marco de la Ley 600 del 2000, el delegado de la Fiscalía General lo acusó por ser el presunto coautor de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros.
¿De qué acusan a Aníbal Gaviria?
El citado contrato por el que se le judicializa fue suscrito cuando Aníbal Gaviria se desempeñó como gobernador de Antioquia entre 2004 y 2007, y su valor inicial fue de $41.663.432.778.
Según la Fiscalía, la investigación da cuenta de que la licitación fijó un anticipo del 25% del valor básico del contrato. Sin embargo, en la firma del contrato, el 22 de diciembre de 2005, se aumentó a 29%.
"Para el fiscal instructor, tal variación no tendría justificación técnica y correspondería a una modificación caprichosa", indicó en un comunicado el ente investigador.
La Fiscalía señaló que, además, hay indicios de probables anomalías en el trámite y celebración del contrato adicional N° 1, del 8 de noviembre de 2007, por valor de $3.995’000.000, cuyo objeto fue el de pavimentar tramos pequeños de la vía y garantizar el pago de “mayores cantidades de obra” que no fueron precisadas.
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"Las verificaciones evidenciaron que dicha adición no contaba con soportes técnicos. Se identificó también la suscripción del otrosí 2, cuatro días antes de que el entonces gobernador de Antioquia dejara el cargo y luego de haber terminado el empalme con su sucesor. Como objeto se incluyó la construcción de un puente sobre el río Nechí para, supuestamente, conectar la cabecera de El Bagre con la denominada Troncal la Paz", dijo el ente acusador.
Además, indicó que en el expediente existen elementos suficientes para establecer que el mencionado otrosí 2, cuyo valor superó los 16.000 millones de pesos, contempló una obra que no era complementaria ni tendría relación con el proyecto base, por lo que debió contratarse previo el agotamiento de un proceso distinto de selección objetiva.
"Finalmente, antes de pagarse los recursos del anticipo, se permitió que una suma superior a 5.000 millones de pesos fuera destinada por el contratista constructor para la adquisición de maquinaria, aun cuando la disposición en obra de equipo suficiente y necesario fue uno de los requisitos de la licitación. Para el Fiscal titular del caso, el gobernador era el representante legal del departamento, el ordenador del gasto y, aun cuando hubiese delegado la función de contratar, debía ejercer la vigilancia, coordinación y control de la delegación", resaltó.
