Colombia Privada

Cada vez que hay una marcha o demostración del poder popular aparece un sector radical que le muestra los dientes a la fuerza pública y que destruye fachadas o ventanas. Cada vez que se dan esas muestras de agresividad la policía reacciona, llegando a terrenos en los que la brutalidad es la norma y donde todo se diluye y se pierde en la maltrecha e inoperante memoria colombiana. En esos casos en los que existe un claro ataque a la ciudadanía o al patrimonio, la acción de las fuerzas del orden está más que justificada, pero en otros casos pasa a ser un abuso. Cada vez es más común ver cómo en Bogotá la población no se siente satisfecha con Transmilenio, que se planteó como la mejor solución al galimatías que supone la movilidad en la capital. Y es una insatisfacción creciente que ha desembocado en bloqueos de las vías por parte de los usuarios del sistema de transporte. La administración distrital deja en manos de la policía la disolución de la manifestación, con lo que se llega a lo que se ha vuelto una regla: ciudadanos golpeados y vejados por un comando antimotines que cada vez más se parece a una fuerza irregular. Terminada la protesta -que algunas veces degenera en vandalismo pero que la mayor parte del tiempo se limita a la exigencia de un mejor servicio- nadie del consorcio que opera el sistema de transporte responde y no se logra llegar a una solución real al problema. En la versión digital de El Espectador en la que se reporta un nuevo bloqueo, esta vez en la calle 80, el periodista dice que la manifestación fue disuelta por “la policía de Transmilenio”. Un pequeño error que encierra una mastodóntica y terrible verdad: la fuerza pública ya no lo es. El Estado dejó de identificarse con el ciudadano hace mucho tiempo, mientras que el ciudadano dejó de serlo para convertirse en usuario. Este tipo de trato y de nueva asunción del lugar del ciudadano en la sociedad no es nuevo ni exclusivo de Colombia, pero es acá donde cobra nuevas dimensiones y toma nuevos rumbos. Gracias a una extraña mentalidad imperante y de corte conservador según la cual en Colombia hay unos que nacen para mandar y otros que nacen para ser mandados, se ha perpetuado la sumisión como el instrumento de mediación en las relaciones sociales. Es así como se explica que la empleada de servicio no denuncié el abuso sexual al que es sometida por parte de los patronos o que un Ministro le pida a los campesinos de una región que vendan sus terrenos, de los que serán jornaleros luego, para que puedan ser comprados por sus amigos quienes están inhabilitados por ley para tal maniobra comercial. Esa mentalidad casi feudal es la que hace posible que la fuerza pública se ponga del lado de una empresa y ataque a la ciudadanía y no se encargue de obligar a los funcionarios de Transmilenio a prestar su servicio de manera eficiente. Es así como se explica la manera en que se perpetúan en la política esas grandes familias, terratenientes casi todas, a pesar de que en su linaje el crimen es la norma. Y es de esa manera que se entiende cómo los funcionarios públicos pueden violar la ley (parquear en una zona prohibida) y que no exista una sanción de ningún tipo. Colombia es un gran potrero, loteado en su mayoría entre unos pocos, y con más de cuarenta millones de jornaleros mal pagados, mal alimentados e incitados a matarse entre sí.