A manera de precisión es menester recordar que la figura del asilo territorial concedido a Ma. del Pilar Hurtado por Panamá es un acto unilateral y soberano de ese Estado. Sin embargo, la concesión del asilo no es un tema meramente político, pues es una figura de derecho internacional y como tal, se rige por éste.

Es de notar que para que Panamá hubiera concedido el asilo tuvo que evaluar si la señora Hurtado era una delincuente o perseguida política, tal parece – por conducta concluyente – que así lo determinó al concederle el asilo por la aparente “persecución” que sufría y el riesgo de que no pudiera acceder a un juicio justo.

Sin embargo, a quien le debemos reclamar es a la Fiscalía General del doctor Guillermo Mendoza Diago que no movía el proceso, y por ende no solicitó la orden de captura a tiempo, lo que no hubiera permitido la concesión del asilo al determinarse que la señora Hurtado no es otra cosa que una “delincuente común”, y por ende no se le podía proteger con esta figura.

En ese orden de ideas es loable la labor que emprendió esta Fiscalía en adelantar las diligencias necesarias, sin embargo, el ostracismo del anterior Fiscal General no permitió evitar la fuga (disfrazada de asilo) de la señora Hurtado.

Es triste que un Estado pacífico como Panamá se haga a una “leguleyada” para desconocer el derecho interamericano y haya concedido el asilo más por una razón política orquestada por el Jefe de Estado, que como sincera y legitima utilización de esta figura que es un producto y un orgullo americano.

El hecho de haber dictado orden de captura y circular roja de INTERPOL no obliga a Panamá a revocar la figura y entregar a la asilada, pues en este caso sí estaría incumpliendo no solo el derecho interamericano sino el derecho internacional.

Así las cosas, la demora de la Fiscalía colombiana es la única culpable de que la señora Hurtado este en Panamá, y tal parece que nada hará cambiar esta situación.