Hace algunos días, el país quedó estupefacto con una insólita noticia: Odebrecht, la multinacional corrupta que diseñó una sofisticada estructura criminal de sobornos y transacciones en paraísos fiscales, inició el proceso para demandar al Estado colombiano por 3.8 billones de pesos. Les salimos a deber.
Tal situación contrasta con lo ocurrido en otros países, donde Odebrecht ha tenido que indemnizar a los Estados que fueron víctimas de su entramado ilegal. A Perú le ha tenido que pagar $200.000 millones de pesos hasta el momento, a República Dominicana $552.000 millones, a Brasil 2.1 billones de pesos y a Estados Unidos, solo por usar su sistema financiero, 7.8 billones de pesos, mientras que en Colombia no ha sufrido la primera sanción.
La compañía brasileña no es la víctima sino la victimaria y debe responderle al país por los daños y perjuicios derivados de sus actos de corrupción, que impidieron entregar finalizada una de las obras más importantes para el desarrollo y la competitividad de Colombia, como es la Ruta del Sol.
También debe devolver las utilidades obtenidas en dicho contrato, ya que un ilícito no es fuente de derechos, y reintegrar los más de $32.500 millones que pagó en sobornos, pues esa plata ha salido de los bolsillos de los colombianos, como lo ha explicado en sus debates el senador Robledo. Odebrecht nos debe entonces, según cálculos de la Procuraduría, cerca de 3.3 billones de pesos.
La razón principal por la cual Odebrecht demanda a Colombia es por incumplir un acuerdo que firmó la ANI en el que se comprometía a pagarle lo ejecutado, incluyendo utilidades presentes y futuras, y a desistir de reclamaciones y demandas contra la brasileña. ¿Pero por qué la ANI firmó tal exabrupto?
Resulta que la ANI tuvo que firmar el leonino acuerdo con la empresa corrupta ¿¡por una orden del Superintendente de Industria y Comercio, SIC!?, que sin abrir investigación formal, le ordenó como medida cautelar terminar el contrato en tan solo tres días. Tan corto tiempo le dio todo el poder de negociación a Odebrecht, quien puso las condiciones. Lo más llamativo es que esa decisión de la SIC, como lo informó José Roberto Acosta, fue consecuencia de la amañada denuncia que presentó el mismísimo Iván Duque, hoy presidente de Colombia.
El 26 de enero de 2017, Duque, salpicado por el escándalo de Odebrecht por haber acompañado a Zuluaga a su reunión con Duda Mendoça en Brasil, denunció a Odebrecht ante la SIC por “violar la libre competencia”, justo cuando en el país comenzaba a agitarse la idea de caducar el contrato de la Ruta del Sol, medida sancionatoria que hubiera terminado no solo con ese contrato, sino con más de cinco concesiones viales que detenta Corficolombiana, del Grupo Aval, y principal socia de Odebrecht en Colombia, por configurarse una inhabilidad sobreviniente que afectaba a todo el Consorcio.
Al final, la denuncia del presidente Duque no solo salvó a Odebrecht, sino también a Luis Carlos Sarmiento Angulo.
Andrés Pachón | @AndresPachonTor
