Las protestas de los últimos dos meses en Chile han sacado a la luz, entre otras muchas cosas, un mal generalizado en todos los países del subcontinente que es la euforia constitucional. En el país sudamericano, Gobierno y oposición llegaron a un acuerdo —como se dice siempre en estos casos, histórico— para la realización de un referendo el próximo año, en el que los chilenos tendrán que decidir si quieren una nueva carta magna.
Los votantes dirán que sí, démoslo por hecho. Y cuando termine el proceso, todos celebrarán, se abrazarán; pronunciarán discursos grandilocuentes y las cosas serán diferentes a lo que son hoy, claro. Serán peores.
Con la constitución hoy vigente, Chile ha tenido un período de prosperidad como nunca en su historia; además, envidiable en Latinoamérica. Pero después de lo que hemos visto últimamente al país le costará recuperarse y el cambio de constitución ayudará poco. Si las pensiones son bajas —para citar solo una de las quejas de estos días— no es culpa de la constitución. Habría que buscar en otro lugar la fractura social de ese país para saber qué ha producido ese quiebre en la que era la joya de la corona de la región. Pero no, el chivo expiatorio de todos los problemas en este subcontinente es la carta magna.
Estos países son los campeones mundiales de cambio de constitución. Hace unos años, tres estudiosos de la Universidad de Illinois, en Estados Unidos, investigaron todas las constituciones que en el mundo han sido desde que en 1789 se firmó la primera de Estados Unidos, y el resultado da mucho que pensar. En 200 años se han producido en América Latina 260 constituciones; el 62 por ciento del total que se han producido en todo el mundo. Mientras que Estados Unidos, en 230 años ha producido una sola constitución con un índice de éxito que salta a la vista.
Hagamos un repaso al medallero constitucional del continente: República Dominicana resulta campeona con 32 reformas constitucionales; sigue Haití con 28; Ecuador y Venezuela empatan con 26 cada uno. Y aunque ya nadie lo recuerda, es bueno tener en cuenta que, en este momento, este último país cuenta con una Asamblea Constituyente que trabaja con denuedo para dotar a Venezuela, entonces sí, definitivamente, de una carta magna como Dios manda y convertir a la patria Bolívar en el paraíso terrenal.
A los ya citados les siguen Perú, Honduras y El Salvador. Colombia no es de los que tengan mayor número de constituciones; ha tenido ocho, que no está mal. Y la penúltima, de 1886, duró más de cien años. En 1991 el país se dotó de una nueva carta magna y todavía recuerdo la euforia con que esta sociedad ciclotímica recibió la aprobación de aquel documento, a cuya redacción fue invitado desde el Nobel de Literatura García Márquez hasta el portero de la selección nacional de fútbol René Higuita, quien en un arranque de sensatez declinó la invitación aplazando el honor para “la próxima vez”.
Tiene, sin embargo, la constitución vigente hoy en Colombia un laste que el constituyente primario conoce, pero se hace el loco cuando se le plantea el asunto. Y es que entre los redactores de su carta magna estuvo Pablo Escobar; por persona interpuesta, pero estuvo. Para entregarse a la justicia, el capo puso como condición que se incluyera en el texto constitucional la prohibición de extraditar nacionales colombianos a otro estado.
No solo Escobar, el cartel de Cali también tuvo sus redactores camuflados. Lo cuenta con lujo de detalles en sus memorias Alberto Giraldo, relaciones públicas de los hermanos Rodríguez Orejuela. Colombia tenía una constitución centenaria que con algún ligero retoque habría ido adelante sin necesidad de someterla a semejante afrenta.
Y no es de poca monta el número de instituciones inútiles y onerosas con que dotó a la sociedad colombiana el texto de 1991: las Corporaciones Autónomas, el Consejo General del Poder Judicial, la Vicepresidencia de la República, la Comisión Nacional de Televisión… Y con todo y temer una constitución moderna, incluyente, indigenista y demás, Colombia sigue siendo uno de los países con mayor desigualdad en el continente.
Muy mala señal la que llega desde Chile, en donde el precio para aplacar el caos ha sido un acuerdo constitucional que ya sabemos en qué termina. Bien avanzado el siglo XXI, en Latinoamérica se sigue enfrascados buscando modelos de convivencia social, víctimas del eterno reformismo constitucional y la permanente inestabilidad de las instituciones; mientras otras sociedades se dedican a sentar bases sólidas de desarrollo cultural, económico y social. En suma, a buscar la felicidad de su gente que en fin de cuentas, es de lo que se trata.
