La mentirosa estampilla Pro Universidades

Jue, 07/05/2015 - 06:41
En junio de 2014, la Ministra de Educación de entonces, María Fernanda Campo, ante la reglamentación de la Ley 'Pro-Universidad Nacional y demás universidades estatales' (1697 de 2013) afirmó que
En junio de 2014, la Ministra de Educación de entonces, María Fernanda Campo, ante la reglamentación de la Ley 'Pro-Universidad Nacional y demás universidades estatales' (1697 de 2013) afirmó que las universidades públicas recibirían $5 billones en 20 años para “la construcción de nuevas aulas de clase, en nuevos centros de investigación, en dotación de laboratorios y en formación de alto nivel para los docentes de nuestras universidades y […] disminución de costos de matrícula para los estudiantes de estratos 1, 2 y 3". (http://goo.gl/dKqx4v) El pasado 14 de abril en el Consejo Superior de la Universidad Nacional, el Gobierno a través de la Viceministra de Educación Superior, Natalia Ariza, reconoció el “craso error”, refiriéndose a los estimativos de recaudo hechos por el MEN y la UN. Para los anuncios se consideraron contratos que hasta hoy no han podido ser gravados, y ese hecho generador de recaudo no se produjo. Ahí se encuentra parte del desfase.[1] En los anuncios, solo para la UN, lo estimado fue cercano a $1.8 billones para los 20 años. Hoy de acuerdo con el estudio presentado por la Facultad de Ciencias Económicas, el estimado es de $645.000 millones, y según la Gerencia Nacional Financiera y Administrativa, los ingresos podrían ser de solo $398.633 millones de pesos. ¡78% menos! Desde luego, las proyecciones también castigan los ingresos de todas las universidades estatales. Mientras los ingresos proyectados para 2014 fueron de $31.678 millones, solo ingresaron $20.343 millones de pesos, 36% menos. Para 2015, sin contar la cartera vencida de 2014 ni las vigencias futuras, ingresarían $33.130 millones para todas las universidades, $10.840 millones menos que los ingresos estimados por la Universidad Nacional en sus proyecciones. Dentro de los errores del gobierno se encuentra haber determinado la base gravable tomando la información del Presupuesto General de la Nación, ya que supone un 100% de ejecución de los rubros, que a su vez no constituyen en su totalidad el hecho generador de la contribución. Se efectuaron proyecciones sobre los montos totales de los contratos, sin considerar que algunos de ellos se financian con presupuesto aprobado de Vigencias Futuras. Y con el “apretón del cinturón” que aplicará el Gobierno de Santos para este año y los próximos lo anterior empeorará. Sobre la base de unos ingresos inciertos la principal universidad pública del país va a endeudarse por $200.000 millones, con intereses que en el mejor de los casos serían de $43.000 millones, y que se anticipa, serían cubiertos en parte por recursos propios. El “desfase” reconocido por el gobierno desnuda la naturaleza engañosa de su política con la educación. No podrán excusarse en la “bondad” de su rectificación. Hasta un reloj parado acierta dos veces al día, y hoy las universidades públicas requieren más acciones para resolver su crisis, y menos promesas y politiquería. PD: #YoApoyoAmiProfe @AmauryNG [1] SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN FINANCIERA, GRUPO RECAUDO Y CARTERA, MEN, Ley 1697 de 2013 – Estampilla Pro Universidades Estatales, abril de 2015.
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