Con el proceso de paz con las Farc se pensó por muchos ciudadanos colombianos que se acabaría el narcotráfico, gran ingenuidad, pensar que un grupo guerrillero como las Farc dejaría tan fácil y tan rápido el negocio más lucrativo del mundo, además de ser el cartel más reconocido por su cultivo, producción y comercialización. Además de ello que entregarían las rutas del narcotráfico, las caletas, los menores reclutados, entre otras promesas que nunca se cumplieron.
Hoy a 18 meses después de suscrito el acuerdo entre el Gobierno Santos y las Farc encontramos como el incumplimiento es preocupante, porque no solo se puede afirmar que no se cumplió nada de lo pactado sino que tampoco hay esperanza de que lo hagan.
Es absurdo que la Jurisdicción Especial para la Paz- JEP- esté hoy estudiando el caso de Santrich cuando es claro que delinquió posterior a la firma del acuerdo y por ende debe someterse a la justicia ordinaria y a su extradición.
La justicia manipulada con una huelga de hambre demora una decisión judicial injustificadamente, la cual a todos los ciudadanos se les aplica en igualdad de condiciones pero a este no. Se espera que a los guerrilleros de las Farc se les penalice como corresponde porque de lo contrario los demás saben que a ellos la ley no les aplica.
10 toneladas de cocaína no solo demuestran que siguieron delinquiendo sino que en grandes cantidades, a la mejor época de los grandes carteles. Si hubieran dejado los contactos, las rutas y la estrategia no hubieran podido planear un cargamento tan grande.
Las ciudades están inundadas de droga, el microtráfico está dominando las calles, los colegios, las universidades. Enorgullece ver la valentía de alcaldes como el de Medellín enfrentando las grandes bandas a pesar de las amenazas contra su vida, la verdad es que está defendiendo a los ciudadanos que están muriendo por guerras territoriales basadas en el dominio del mercado de la droga.
La semana pasada también veíamos como el Alcalde de Jamundí denunció que los jóvenes entre los 12 y 17 años los están obligando a dejar sus estudios por ir a trabajar en los cultivos de coca de la zona, entonces ¿Qué está pasando?, ¿por qué se siguen produciendo los cultivos de droga?, se están llevando los menores de “raspachines” como se conoce el oficio, se denuncia y no pasa nada. El Gobierno Nacional no está controlando este fenómeno que se suponía acabaría con la firma del acuerdo.
También se observaba en medios de comunicación hasta hace pocos días como la minería ilegal de oro le sigue compitiendo al narcotráfico, están las Farc, el clan del Golfo, el ELN, aproximadamente 152 municipios afectados en todo el país. Se plantea como aproximadamente el 60% del oro exportado en el 2017 salió de manera ilegal. Esto debe controlarse teniendo en cuenta que son zonas donde ha reinado eternamente la ilegalidad por culpa de la droga y los grupos ilegales se aprovechan de ello para expandirse.
Aunado a lo anterior, la Fiscalía General de la Nación emitió una alerta la semana pasada por el desvío de gasolina hacia las “cocinas” para ser utilizada como precursor de cocaína, hay varias zonas del país donde se disparó este consumo y al no tener controles relacionados con el narcotráfico especialmente en zonas de frontera se está aumentando la rentabilidad del narcotráfico con los subsidios a la gasolina en estas zonas.
En resumen, las noticias son diarias, todos los temas de la agenda pública están en crisis por asuntos de narcotráfico. Esto sin contar el crecimiento inusitado de hectáreas de coca que en los últimos 8 años se disparó por falta de una estrategia efectiva de erradicación, fumigación y sustitución.
En la medida que no se combata con contundencia el narcotráfico, no sólo volveremos a ser el principal productor de droga del mundo sino que también tendremos grandes redes de ilegalidad conexas que no podrá controlar ningún Estado.
